La militarización de la seguridad pública

Fase 2
Por:
  • Carlos Urdiales

La diferencia entre seguridad nacional -con soldados y marinos- y la seguridad pública -con policías- se diluye. Si en 2007 Felipe Calderón marcó su sexenio al ordenar al Ejército suplir policías locales en Michoacán a petición del entonces gobernador Lázaro Cárdenas, hoy jefe de asesores del Presidente López Obrador, ayer, el líder de la 4T ordenó a las Fuerzas Armadas dedicarse a tareas de seguridad pública a partir de hoy y hasta el 27 de marzo de 2024.

“Si bien el 27 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley de la Guardia Nacional, la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha institución de seguridad pública, requiere de un período de implementación, a efecto de cumplir cabalmente con las funciones a su cargo”, justifica el Acuerdo publicado ayer.

Un año después, la Guardia Nacional está lejos de ser la panacea para el gobierno de López Obrador para el control de la inseguridad y pacificación del país. Desviada de su intención original, la corporación se dedica casi por completo a contener migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

Tarea reconocida y agradecida en varias oportunidades por Donald Trump, tras la amenaza de aranceles crecientes a exportaciones nacionales si México no hacía algo efectivo; hacer las veces de muro fronterizo. Y lo hacemos.

Ahora, Ejército y Armada deberán realizar tareas se seguridad pública de “manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional”, cuyo jefe nominal es el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

El acuerdo apunta: “La seguridad pública es deber primario a cargo del Estado, cuyos fines son salvaguardar vida, libertades, integridad y patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, por lo que resulta imprescindible garantizar a la población…”. A eso se suman formal y oficialmente soldados y marinos.

Igual que cuando Felipe Calderón lo ordenó. Igual que cuando Enrique Peña Nieto no pudo retroceder, acaso sólo dio menos publicidad y ahora, la 4T opta por la receta tan criticada antes, ya con normas jurídicas hoy.

Pandemia de por medio y en pleno reconocimiento presidencial de la crisis económica que vivimos, la 4T admite en los hechos que la estrategia de abrazos no da resultado, que a la Guardia Nacional la extraviaron en tareas urgentes, pero ajenas al imaginario que vendieron desde campaña. Que la violencia en México no atiende nobles principios morales, obedece a otras dinámicas sociales y económicas, no morales ni políticas.

SCJN a la altura de la Ley Bonilla. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno se comportó a la altura frente a la llamada Ley Bonilla, que pretendía extender el periodo de gobierno en Baja California de dos a cinco años. Por más esfuerzos de posicionamiento de sus lugartenientes políticos para presionar mediáticamente a los ministros, la Constitución quedó desmanchada de ese mugrero legaloide. Dos años y punto.