La justicia, virtud por la cual respetamos los derechos, tiene dos momentos. La práctica de la justicia, que consiste en respetar los derechos de los demás, nos corresponde a las personas. La impartición de justicia, que consiste en castigar al violador de derechos y en obligarlo a resarcir a sus víctimas, le corresponde al gobierno, siendo ésta su tarea esencial, a la que no puede renunciar sin convertirse es un gobierno fallido, tal y como está sucediendo en México, siendo un buen ejemplo el increíble caso de Sinaloa, y no por lo que los delincuentes están haciendo, sino por lo que el gobierno ha dicho.
Hace unos días, ante la escalada de violencia que se ha dado en Sinaloa, en general, y en Culiacán, en particular, los mandos militares del estado (el gobierno), en conferencia de prensa, afirmaron que la paz (la práctica de la justicia), no depende de ellos (del gobierno), sino “de los grupos antagónicos (del crimen organizado), que dejen de hacer su confrontación entre ellos, y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad”. Un reportero preguntó: “¿La seguridad depende de estos grupos delincuenciales?”, y esta fue la respuesta del militar (del gobierno): “Depende de ellos, ellos son los que vienen a hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Nosotros (el gobierno), no, al contrario, nosotros estamos para evitar que haya confrontaciones y pérdidas de vidas”. Sin embargo el militar (el gobierno), lo dijo claro y fuerte: la seguridad de los ciudadanos no depende de ellos (del gobierno), sino de que los criminales dejen de confrontarse, de balacearse y de balacear a los ciudadanos, y de que comiencen a abrazarse y a abrazar a los ciudadanos.
Una interpretación de lo que dijo el militar es que el gobierno renuncia a la impartición de justicia (porque no quiere impartirla o porque no puede impartirla), quedando entonces como única opción la práctica de la justicia de parte de los delincuentes, para lo cual tendrían que dejar de delinquir, lo cual no va suceder, quedando los ciudadanos en sus propias manos: dado que el gobierno no los protege de los delincuentes deben protegerse a sí mismos; dado que el gobierno no castiga a los delincuentes y no los obliga a resarcir, los ciudadanos deben castigarlos y obligarlos a resarcir. ¿De qué se trata? De impartición de justicia por propia mano, lo cual puede dar como resultado más, y más graves (suponiendo que en ello haya grados), injusticias.
El gobierno mexicano ha degenerado (más de lo que ya lo estaba), en un gobierno fallido, incapaz de prevenir delitos e incapaz de castigar a los delincuentes y de obligarlos a resarcir, por lo cual pierde su verdadera razón de ser, que es la impartición de justicia, por lo cual pierde la única justificación para cobrar impuestos, para obligarnos a entregarle una parte del producto de nuestro trabajo, la impartición de justicia con honestidad y eficacia.
Los gobernantes deben entender que su tarea esencial es usar la fuerza para evitar la violación de derechos y, de fallar, para castigar a los violadores y obligarlos a resarcir. Gobernantes que no lo entienden no deben ser gobierno y los ciudadanos no tenemos ninguna obligación ética, por más que tengamos la legal, de pagarles impuestos.
