De la justicia (3/3)

PESOS Y CONTRAPESOS

Arturo Damm Arnal*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Arturo Damm Arnal
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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Ningún gobierno es capaz de garantizarles a todos los ciudadanos, todo el tiempo, el respeto de todos sus derechos. Para hacerlo tendría que ser omnipresente y omnipotente, y ningún gobierno puede serlo.

Cualquier gobierno, más o menos, es un gobierno fallido, incapaz de garantizarles a todos los ciudadanos, todo el tiempo, el respeto de todos sus derechos. Sin embargo, sigue cobrando impuestos, no solo a quienes sí logró garantizarles todo el tiempo el respeto de todos sus derechos, quienes tendrían la obligación ética de pagarlos (el gobierno sí les cumple), sino también a quienes les falló, quienes no tendrían la obligación ética de pagarlos (el gobierno no les cumple), por más que sí tengan la obligación legal de pagarlos. Y cuando existe una obligación legal, pero no una ética, se comete una injusticia.

Una de las preguntas que debemos hacernos es si la causa de que haya ciudadanos que no han sido víctimas de delitos se debe a que a ellos el gobierno sí les ha cumplido, o a que no se han topado con personas injustas, dispuestas a violar sus derechos, matándolos, secuestrándolos o robándolos. ¿Cuál es la causa?

Lo primero que debe quedarnos claro, a gobernantes y ciudadanos, es que la tarea esencial del gobierno, a la que no puede renunciar sin dejar de serlo, es la impartición de justicia, en su dimensión a priori, prohibir y prevenir la violación de derechos, y a posteriori, que surge cuando la prohibición y la prevención de la dimensión a priori no dieron resultado, por lo que se cometieron delitos, debiéndose castigar al delincuente y obligarlo a resarcir. Esta es la tarea esencial del gobierno.

Lo segundo que debe quedarnos claro, a ciudadanos y gobernantes, es que, si para cumplir con su tarea esencial el gobierno debe recurrir a la fuerza (para evitar que se violen derechos, para castigar a quien los viole, para obligarlo resarcir), el uso de la misma está plenamente justificado. Contra la delincuencia balazos, no abrazos.

Lo que, como ciudadanos, debemos preguntarles a los candidatos a la presidencia es si, de llegar a la misma, estarían dispuestos, sin excepciones, al uso de la fuerza para evitar que se violen derechos, para castigar a quien los violes, y para obligarlo a resarcir; si reconocen en ello la tarea esencial del gobierno, al margen de todo lo que pretendan hacer en materia de desarrollo social (redistribución del ingreso), y económico (generación de ingreso), nada de lo cual forma parte de su tarea esencial; si están dispuestos a recortar presupuesto destinado al desarrollo social (que este año será el 65% del gasto gubernamental total), y al crecimiento económico (que este año será el 25%), para destinarlo a la tarea esencial del gobierno, la impartición de justicia (a la que este año se destinará solamente el 8%).

El gobierno debe ser más eficaz en la impartición de justicia y los ciudadanos más habituales en la práctica de la justicia, reconociendo que de los dos problemas el de la falta de ética, el de la práctica de la injusticia, es más grave que el de la no impartición de justicia. El problema de fondo es ético: si todos voluntariamente practicáramos la justicia no habría necesidad de la impartición de justicia. No habría necesidad, desde el punto de vista estrictamente liberal, de gobierno (lo cual quiere decir que, a más gobierno, menos liberalismo).