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PESOS Y CONTRAPESOS

Arturo Damm Arnal<br>*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.<br>
Arturo Damm Arnal*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: larazondemexico

¿Cuáles son las acciones del Gobierno que se justifican éticamente, desde la perspectiva de la justicia, que consiste en respetar los derechos de los demás? Las que se aceptan, por ser justas, si las realiza una persona en defensa de sus derechos.

Supongamos que A (el Gobierno), le debe a B (los ejidatarios poblanos), y que B, para presionar a A, le impide el paso a C (los atrapados, ¿secuestrados?, por el bloqueo en la carretera México – Puebla), violando su derecho a la libertad individual para transitar. Si no hay quien haga valer el derecho de C al libre tránsito, ¿se justifica que él lo haga valer, inclusive, suponiendo que B no entra en razón, por medio de la fuerza, reprimiéndolo? El derecho a la libertad de tránsito, ¿no implica el derecho a defenderla en contra de quienes la violen? Y ese derecho a defenderla, en última instancia recurriendo al legítimo uso de la fuerza, ¿no es, antes que de cualquier otro, de la persona agredida?

Si vemos a C recurrir al legítimo uso de la fuerza para evitar que B viole su derecho a la libertad individual para transitar, ¿aprobamos o no su conducta? Si tenemos duda, pongámonos en su lugar: si no hay quien haga valer mi derecho al libre tránsito, ¿tengo el derecho de hacerlo valer por mí mismo (derecho que tiene como contrapartida la obligación de los demás de no impedírmelo), inclusive recurriendo al uso legítimo de la fuerza? Sí, al menos que crea que debe ser un tercero el que haga valer, en todo momento y en todo lugar, mis derechos, creencia que, así lo muestran los hechos, se ha esparcido entre muchos ciudadanos, incapaces de hacer valer por sí mismos sus derechos.

Si aprobamos la conducta de C, quien recurriendo al legítimo uso de la fuerza hace valer su derecho al libre tránsito frente a la injusticia de B, entonces, por congruencia, debemos aprobar la conducta del Gobierno quien, recurriendo al legítimo uso de la fuerza, reprimiendo a B, hace valer el derecho de C. Si se es justo que C lo haga, es justo que lo haga el Gobierno.

Va de nuevo. ¿Cuáles son las acciones del Gobierno que se justifican éticamente, desde la perspectiva de la justicia, que consiste en el respeto a los derechos de los demás? Las que se aceptan, por ser justas, si las realiza una persona en defensa de sus derechos, incluido el uso legítimo de la fuerza, que es legítima si se usa para hacer valer derechos, no para violarlos. B usa la fuerza para violar el derecho de C. Uso ilegítimo, injusto. C usa la fuerza para hacer valer su derecho frente a la injusticia de B. Uso legítimo, justo.

Lo que llama la atención de una injusticia como fue el bloque de la carretera México – Puebla, es la pasividad de las víctimas, incapaces, ¡contando con la superioridad numérica!, de hacer valer por sí mismos su derecho al libre tránsito, esperando pacientemente a que el gobierno lo haga valer, algo que, al grito de AMLO de No vamos a reprimir, no tuvo lugar en un tiempo razonable.

El No vamos a reprimir es la confesión de que no será gobierno; de que no hará valer nuestros derechos; de que podrá más el Estado de chueco, que es de injusticia, que el Estado de Derecho, que es de Justicia; de que deberemos ser los ciudadanos quienes hagamos valer, por nosotros mismos, recurriendo a la persuasión o el uso legítimo de la fuerza, nuestros derechos. Así la cosas, ¿tenemos gobierno?

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