México es un cementerio clandestino

Desde el Gobierno federal se ha buscado a como dé lugar disminuir las cifras de desaparecidos en nuestro país. Y es que lo que no se quiere es que se incremente aún más el número de homicidios, que tan sólo en lo que va del sexenio asciende del 1 de diciembre del 2018 a diciembre del 2023 a más de 171 mil, de los cuales casi 5 mil se catalogan como feminicidios.

Esto sin sumar a los desaparecidos, porque si no se encuentra el cuerpo y no hay denuncia, los números de homicidios en este sexenio no aumentan oficialmente al número real de víctimas que hay en el territorio mexicano.

En los últimos 5 días se  han localizado más de 15 fosas clandestinas con más de 20 cuerpos en cuatro entidades en México, en un país donde se normaliza este tipo de hallazgo, pese a que 625 personas desaparecen cada día, de acuerdo con reportes oficiales.

La Comisión Nacional de Búsqueda ha contabilizado tres mil fosas clandestinas, con restos humanos por todo el país, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023.

Hace un par de meses Karla Quintana, quien era la comisionada de Búsqueda, un organismo que pertenece al Gobierno federal, presentó su renuncia, ya que tuvo varios conflictos con funcionarios durante su gestión, ella misma relata que  la intención del nuevo conteo era reducir la cifra oficial de personas desaparecidas.

Las fosas comunes siguen apareciendo en gran parte del territorio nacional, sobre todo en los estados por donde pasan los migrantes que entran y recorren  desde Chiapas a la frontera.

Hay que recordar que quien hoy maneja el tráfico de migrantes en su mayoría son los grupos criminales, que han pasado no solamente del trasiego de droga, sino a otros delitos, entre ellos, el tráfico y extorsión de migrantes, a quienes también están cooptando para que sean sicarios contra su propia voluntad.

De estas personas muy pocas están contabilizadas, porque además, casi no se presentan denuncias. Si no hacen lo que quieren los criminales, los matan y entierran en fosas comunes.

Muchos de los enterrados en estas fosas son migrantes, claro, no todos.

En los últimos días uno de los hallazgos es el que se dio a la altura del kilómetro 12 en la carretera Picacho-Ajusco, al sur de la Ciudad de México, donde activistas encontraron cinco restos óseos mientras realizaban la búsqueda de Pamela Gallardo, una joven vista por última vez en ese punto en 2017.

Su familia llevaba años gestionando los permisos para que las autoridades permitieran realizar la excavación en la zona y hoy, a más de seis años, y tras localizar los cuerpos, están a la espera de saber si algunos de esos restos son de su hija.

Veinticuatro horas antes, en Ciudad Juárez, denunciaron de forma anónima que había restos humanos en el patio de una casa en la colonia Francisco Villa, a 500 metros de la frontera con Estados Unidos.

El terror constante

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, en esa colonia han encontrado cinco cuerpos en este año, y en el hallazgo más reciente podría tratarse de 30 víctimas.

Y es que Ciudad Juárez es uno de los cruces de mayor flujo de migrantes, quienes muchas veces son secuestrados por los cárteles mexicanos.

Otro municipio donde recientemente encontraron fosas clandestinas fue en Tarímbaro, Michoacán, 11 cuerpos: siete hombres y cuatro mujeres, que estaban ya en avanzado estado de descomposición, según el comunicado de la Fiscalía, que todavía no ha identificado a las víctimas.

Apenas en diciembre pasado, otros tres cuerpos fueron encontrados en otra fosa clandestina en Tacámbaro, Michoacán, donde la violencia ha escalado en los últimos meses, ya que el estado permanece sumergido en una espiral de violencia por la disputa de grupos criminales, entre ellos La Familia Michoacana, Los Viagra y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En Michoacán y Jalisco no solamente estamos hablando de cuerpos de migrantes los que se encuentran en la mayoría de las fosas, sino también de enemigos de distintos grupos delictivos, porque en esas dos entidades hay una confrontación brutal entre estos grupos.

En Jalisco el Colectivo Luz de Esperanza localizó cuatro entierros en Zapopan, con seis bolsas negras. Todavía no logra identificar el número de personas encontradas en ese lugar ni quiénes son.

En Guanajuato, Sonora y Guerrero, en el período 2020-2022, se localizaron mil 134 de estos sitios, así lo reveló un informe de la Universidad Iberoamericana.

Y en los últimos 20 años, seis estados acumulan 56% de las fosas clandestinas en nuestro país: Tamaulipas, Sonora, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Veracruz, pero la realidad es que 30 de las 32 entidades reportan cuerpos enterrados o localizados en estos cementerios ilegales, utilizados por los grupos criminales, por lo que pocas veces hay detenidos y son mucho menos los procesados por participar en el entierro ilegal de cuerpos.

Colectivos de búsqueda en Tamaulipas constantemente hacen llamados a los líderes de las células criminales que operan en la entidad para buscar una tregua y permitir la búsqueda de cuerpos en terrenos baldíos, donde los colectivos tienen reporte de cuerpos, pero a donde no pueden entrar por el riesgo. ¿Dónde está el Estado?

Y es que son los familiares de personas desaparecidas quienes han suplantado la labor de peritos y forenses para encontrar los cuerpos de sus seres queridos, lo que ha llevado a varios activistas a perder la vida.

Y es evidente, nadie tiene más interés en encontrar a un desaparecido que los propios familiares, pero reitero, a los miles de migrantes que han sido asesinados en territorio nacional y enterrados en fosas comunes nadie los busca.

Los desaparecidos que sí son buscados enfrentan, además, muchos otros problemas, para empezar, muchas de las denuncias se quedan archivadas en los ministerios públicos. Los reportes de hallazgos de fosas clandestinas muchas veces no son atendidos y, cuando las autoridades les prestán atención, el proceso para recabar el ADN de los restos se vuelve otro paso burocrático. Las autoridades tardan meses o años en tener los registros, los cuales se quedan a nivel local, porque tampoco existe una base nacional donde estos datos forenses se puedan cotejar con otros municipios o entidades.

Para quienes buscan a una persona desaparecida tampoco existe un verdadero mecanismo de apoyo o de seguimiento, pues actualmente muchos han decidido emprender batallas legales porque las autoridades federales han borrado a su familiar del padrón nacional de personas desaparecidas.

Apenas a mitad del año pasado, el Gobierno de López Obrador emprendió  la elaboración de un nuevo registro de desaparecidos o no encontrados. Más de 110 mil personas fueron borradas de ese padrón con el argumento de que había nombres que no existían o que las personas ya fueron ubicadas.

La versión de muchos familiares contradice que hayan sido  localizados sus seres queridos y aseguran que no han sido encontrados, pero sí borrados de las listas de personas desaparecidas.

Y con esta terrible realidad se está a pocos meses de que concluya esta administración, sin haber entregado los resultados prometidos. A ver qué pueden hacer en los pocos meses que quedan.