Comienza en Israel la mayor crisis constitucional de su historia

A menos de tres semanas de la formación del nuevo gobierno de ultraderecha en Israel, el país se encuentra ya en la crisis constitucional más profunda de su historia; crisis que podría conducir al fin de la separación de poderes y de la democracia en el país. El día de ayer, la Suprema Corte, en una votación de diez contra uno, decidió revocar la designación de Aryeh Deri, líder del partido ultraortodoxo sefardí, Shas, como ministro en el gobierno de Netanyahu.

El año pasado, por segunda vez en su larga carrera política, Deri obtuvo una condena criminal por malversación de impuestos. Deri y los fiscales llegaron a un acuerdo, que le permitió no pisar la cárcel a pesar de ser culpable; el político se comprometió a renunciar al parlamento y dejar la política. Sin embargo, tan sólo unos cuantos meses después de que firmara el acuerdo, regresó al parlamento como líder de su partido. La ley israelí establece que un individuo que fue condenado por ofensas criminales en los últimos siete años no puede fungir como ministro. Pero vino la artimaña: para permitir que Deri, aliado fiel de Netanyahu, fungiera como ministro, el parlamento pasó una ley personal revocando esta cláusula. Es así como el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia.

La decisión de la Corte no es sorpresiva. El ministro, explican los jueces, logró un acuerdo con el Estado únicamente después de comprometerse explícitamente a dejar la política; es decir, engañando a los jueces para salir libre. Y ahora, el argumento en contra de la decisión de la Suprema Corte llega al borde de lo ridículo. Los votantes, dicen los defensores de Deri, salieron a las urnas a elegir a sus líderes, y la revocación de la cláusula implica una “violación de la voluntad popular”. En otras palabras, sus defensores sugieren que el público puede exculpar a individuos de sus ofensas criminales.

La decisión de la corte ocurre en un contexto de crisis entre los poderes del Estado. Netanyahu, quien se enfrenta a un juicio triple por corrupción, avanza en estos días en una reforma judicial que le daría poder al parlamento para ignorar decisiones de la Suprema Corte y el poder absoluto en el nombramiento de jueces. Inmediatamente después de la decisión, los aliados de Netanyahu llamaron a acelerar su “reforma“ judicial para, entre otras cosas, regresar a Deri al ministerio, decretando así el fin de la democracia en este país. Mientras esto sucede, Netanyahu se encuentra en un difícil dilema. Si Deri no renuncia, lo cual parece probable, tiene la obligación de despedirlo, según la ley. Si se negase a hacerlo cometería una flagrante violación de la ley; nunca antes un primer ministro se ha negado a implementar una decisión de la Suprema Corte. Si Netanyahu lo despide, podría causar una crisis política dentro de su coalición e incluso llevar al país a nuevas elecciones.

En Israel el juego político ya no se trata de derechas e izquierdas, sino de los intereses de una serie de individuos con procesos o condenas criminales, para los que su obsesión por mantenerse en el poder, y salir ilesos de sus procesos, ni siquiera una crisis constitucional o el fin mismo de la democracia parece ser un obstáculo.