¿Tiene riesgos políticos la Nueva escuela mexicana?

Toda pedagogía supone una ideología. Pensar que hay una pedagogía pura, impoluta, absolutamente neutral, que no presuponga alguna concepción sobre el ser humano y la organización social es ingenuo. Sin embargo, en un régimen democrático hay límites que deben marcarse a la dimensión ideológica de la pedagogía. La ideología presente en la escuela pública, ya sea de manera explícita o implícita, no debería inclinarse demasiado hacia ninguna de las corrientes políticas existentes.

El proyecto de la Nueva Escuela Mexicana anunciado por la SEP no sólo propone una pedagogía diferente de la del modelo educativo anterior, sino una ideología distinta, tal como lo he explicado en mi artículo del sábado anterior. La justificación de esta mudanza, principalmente de la ideológica, es que en 2018 México no sólo tuvo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Mientras que haya una sucesión de alternancias dentro de un mismo régimen, se puede tener una línea más o menos coherente en el desarrollo de la educación nacional, pero cuando hay un cambio de régimen, como lo pretende el gobierno actual, nos enfrentamos a un escenario diferente. Ya sabíamos que esto iba a suceder. La Nueva Escuela Mexicana se tardó en llegar, estamos casi a la mitad de 2022, pero no había duda de que vendría de una manera o de otra: no toma a nadie por sorpresa.  

De acuerdo con nuestro orden jurídico, el marco de la Nueva Escuela Mexicana son el artículo tercero constitucional y la ley nacional de educación. Dicho de otra manera: los cambios en la pedagogía e incluso en la ideología de la escuela mexicana no deben salirse de los bordes marcados por las normas aprobadas por el Congreso. Sin embargo, un riesgo que se presenta con la Nueva Escuela Mexicana es que se puedan saltar esos muros de contención por la forma en la que ella misma está diseñada. El peligro que se corre es que no sólo se enseñe de acuerdo con una ideología diferente —lo cual ya sabemos que va a suceder—, sino que se den las condiciones para que se dé alguna forma de adoctrinamiento político dentro del aula.  

Se me podría reclamar que veo moros con tranchete. Al día de hoy, la Nueva Escuela Mexicana no pasa de ser un proyecto en el papel y su implementación no será efectiva sino hasta 2023, si todo va bien. Sin embargo, me parece que conviene poner el tema sobre la mesa del debate público porque me consta que la sospecha ya la tienen algunos de nuestros compatriotas. Por eso me atrevo a ventilar el asunto.  

Una característica del nuevo modelo educativo —que tiene complejidades estructurales difíciles de explicar en un artículo como éste— es que deja ciertos huecos en el currículum que deberán ser llenados por las escuelas y, en particular, por los maestros. Se supone que estos espacios sin definir permitirán que la escuela y el maestro aterricen las enseñanzas dentro del entorno específico de la colectividad en la que se encuentran. El plan de estudios hará sugerencias para que se desarrollen los contenidos y las habilidades dentro de esos huecos, pero lo que suceda dentro del salón de clases no estará determinado de antemano. Me temo que es por ahí donde se podría infiltrar el adoctrinamiento político dentro de la escuela pública, sobre todo en los campos disciplinarios que se ocupan de cuestiones sociales. Uno de ellos es el llamado “Conciencia histórica”, que se cursará en los primeros tres semestres del nivel medio superior. Este campo disciplinario es nuevo y llama la atención que se separe del de las humanidades, en donde normalmente se ubicaba la enseñanza de la historia. Las autoridades educativas han dicho que, en vez de una educación memorística de la historia, basada en el estudio de nombres y de fechas, lo que se busca es que el alumno pueda “reconstruir de manera crítica la representación del pasado, transformar el entorno y construir un futuro en bienestar”. De ahí al adoctrinamiento puede haber sólo un paso. Para que no exista el riesgo de que eso suceda, es indispensable que la sociedad se involucre de manera más responsable en el proceso que se está llevando a cabo para transformar la escuela pública mexicana.