Ayotzinapa, año 8

Como es bien sabido, el lunes pasado se cumplieron 8 años de los atroces hechos de Ayotzinapa, el más infame, artero y complicado crimen de Estado cometido en México contra población civil inerme, desde los sucesos igualmente terribles de Tlatelolco de 1968. A diferencia de los últimos aniversarios, en esta ocasión hay vuelcos y novedades importantes.

Hace unas semanas, la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa (CVCA) emitió un informe con conclusiones preliminares, del cual se desprenden dos afirmaciones importantes: que se trató de un crimen de Estado y que no hay indicio alguno de que las víctimas se encuentren con vida. A partir de ese informe se ordenó la detención del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se solicitaron órdenes de aprehensión contra elementos de tropa y mandos militares, así como policías y autoridades administrativas y judiciales y, como era de esperarse, otras más para miembros de la organización criminal Guerreros Unidos. Lo relevante es que por primera vez se imputó a un alto mando del Ejército, en un momento de extraordinaria complejidad y rispidez en la vida política mexicana.

En efecto, la publicación del informe coincide con el aniversario del crimen, pero también con la cruzada del Gobierno para profundizar, aún más, en la militarización de la vida pública del país. Hace unos días, la oposición en el Senado, con el voto fragmentado del PRI, impidió la aprobación de la reforma constitucional para mantener a la Guardia Civil bajo mando militar —algo ya de por sí aberrante, según todos los defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales— por varios años más. A pesar del reconocimiento social y del prestigio de las Fuerzas Armadas, son innegables las muestras de rechazo de buena parte de la opinión pública hacia la cada vez más evidente vocación militarista del Gobierno. Pero, ahondando en el despropósito, en una nueva ocurrencia violatoria de la Constitución, se anuncia la intención de celebrar una “consulta ciudadana” respecto a la conveniencia y temporalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, a sabiendas de que tales temas no pueden ser objeto de consulta popular, por lo que posiblemente se termine produciendo una ilegal consulta simulada, dejando al INE al margen de su organización.

También es reveladora la reciente difusión de lo que se ha llamado los AyotziLeaks. De ser ciertos sólo algunos de los indicios que ahí se mencionan, estaríamos en presencia de un descomunal pacto criminal de colusión e impunidad, propio de un auténtico narcoestado.

Tal vez uno de los mayores aciertos de este Gobierno fue intentar una nueva relación de confianza, basada en la esperanza, con los padres de familia de los desaparecidos. Por ello, es de una significativa responsabilidad política la afirmación de que no hay indicios de que puedan seguir vivos. Por atroz que resulte la realidad, es lo que tendría que estar en el centro de la atención pública: conocer qué ocurrió y llevar justicia a las familias de las víctimas. Pero, lejos de ello, persisten intereses oscuros que se han asociado a esta lucha y que desvirtúan el genuino sentido original de las legítimas protestas. Como se vio el fin de semana pasado, los actos vandálicos en el Campo Militar No. 1, perpetrados por vaya usted a saber quién, no ayudan en absolutamente nada al proceso de esclarecimiento y justicia por los hechos de Ayotzinapa.

Cada año, la conclusión es idéntica. El deber de las autoridades sigue siendo el mismo: esclarecer, con la mayor certeza posible, qué pasó con los normalistas, dictar las medidas necesarias para sancionar a todos los culpables, reparar los daños, decretar —en su caso— el duelo nacional merecido y tomar todas las medidas que garanticen que nunca más se cometa una atrocidad de esa dimensión. Nada menos que eso.