Primera década del INE

Mañana se cumplirán los primeros 10 años de existencia del Instituto Nacional Electoral.

Como se sabe, producto de la reforma político—electoral de 2014, el entonces Instituto Federal Electoral fue sustituido por el INE como máxima autoridad administrativa encargada de la organización de elecciones en México. El 4 de abril de 2014, en sesión solemne, una espléndida María Marván —última presidenta y única mujer en ocupar ese cargo en la historia del IFE— comandó la sesión de cambio de época y le entregó la estafeta al primer presidente de la naciente institución, Lorenzo Córdova.

Aquella primera integración de consejeros electorales del INE estuvo conformada, entre otros, por Arturo Sánchez Gutiérrez, Ciro Murayama, Pamela San Martín y Marco Baños. Muchos serían los desafíos de la naciente institución, con la aplicación de una nueva normatividad que multiplicó las atribuciones del INE y que dispuso la instalación de un sistema nacional con autoridades híbridas, en coexistencia con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), en un complejo entramado que fue criticado no por pocos.

Desde la creación del IFE en 1990, su plena autonomía del Poder Ejecutivo a partir de 1996, la solidez de su servicio profesional de carrera y, muy importante, el ser la institución civil del Estado mexicano más apreciada por la ciudadanía, le heredaron al INE un capital de confianza ciudadana que se mantuvo y siguió creciendo a partir de 2014. En esta década de complejos problemas económicos, políticos y sociales, una de las pocas certezas que ha tenido la ciudadanía es que las elecciones se han celebrado con altísimos estándares de profesionalismo y confianza, así como con elevadas alternancias. Esto es: el respeto irrestricto a la voluntad ciudadana.

A la complejidad de organizar elecciones federales cada vez más grandes, se sumó la organización de otros procesos de participación ciudadana: la infausta consulta popular sobre el juicio a los expresidentes y el fallido ejercicio que, aunque denominado “revocación de mandato”, quiso ser, más bien, un arma propagandística de medición de popularidad. Y aunque ambos procesos fueron muy bien organizados por el INE, que hayan resultado en sendos fiascos es responsabilidad de quien los impulsó.

Los últimos años de esta década de existencia del INE han sido particularmente intensos. Nunca la institución encargada de organizar elecciones había experimentado un acoso de tantas y tan diversas maneras por parte de quienes ocupan el poder: recortes presupuestales, ataques personales y denuncias penales contra algunos consejeros y descalificaciones en conferencias de prensa, entre muchos otros embates. Lo más grave, el intento de aprobar reformas constitucionales y legales para tratar de eliminar o restringir la autonomía del órgano electoral. De ahí la importancia de la lucha librada en el último tramo del mandato de Córdova y Murayama, con el potente acompañamiento de la sociedad civil, que salió masivamente a las calles y plazas de ciudades de todo el país y el extranjero, en tres ocasiones, para defender al INE, al voto libre y a la democracia mexicana.

De cara a la elección general más importante y delicada del país, en la que estará en juego la Presidencia de la República, la totalidad del Congreso de la Unión y diversos cargos en comicios concurrentes en las 32 entidades federativas, con la renovación de más de 20 mil cargos (la mayor selección de personal político en la historia del país), los desafíos no son menores. El llamado es a cuidar la democracia, así como a la sólida institución que generaciones de mexicanos han construido y en la que han depositado su confianza. Y, por supuesto, salir a votar el próximo 2 de junio.