Participación del sector privado en la facilitación de energía moderna

Por Víctor Hugo Cruz Monroy

A lo largo de los últimos tres años, México ha enfrentado grandes retos para recuperarse del impacto que generó la pandemia en la economía del país y en la vida cotidiana de las personas. Las desigualdades en el acceso a servicios de energía modernos, como el gas natural o la electricidad, marcaron diferencias importantes en la calidad de vida de las personas y en la capacidad para enfrentar la crisis.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), más de 700 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a la electricidad y alrededor de 2,400 millones siguen utilizando leña para cocinar.

El acceso a servicios energéticos modernos es esencial para el desarrollo económico y la inclusión social. La AIE ha revelado que en las economías avanzadas, los hogares con menores ingresos consumen en promedio sólo un tercio de la energía utilizada en los hogares con ingresos más altos. En las economías emergentes y en desarrollo, los hogares más pobres consumen nueve veces menos energía moderna que los hogares más ricos.

Algo similar sucede en México, la situación de pobreza se relaciona directamente con el acceso limitado a Internet y con un mayor consumo de leña a nivel residencial (gráfica) 1). Todo esto pone en evidencia la necesidad de que se implementen medidas para integrar el desarrollo energético en las economías, especialmente en las menos desarrolladas.

El crecimiento de la demanda de energía en un escenario pospandemia y de precios altos, abre la oportunidad para el desarrollo de proyectos orientados a mejorar el acceso a servicios energéticos e incrementar la oferta de energía de alta calidad. Las alternativas son diversas; por ejemplo: construcción de sistemas de energía solar o eólica para la electrificación de viviendas, negocios y actividades productivas en comunidades remotas; instalación de servicios de combustibles modernos en localidades alejadas de los centros urbanos; el desarrollo de nuevas tecnologías de generación de electricidad—hidroeléctricas a hilo de agua, bioenergía, cogeneración eficiente o hidrógeno verde—, entre otras.

La participación del sector privado es fundamental para facilitar estas alternativas. Las empresas pueden contribuir a garantizar un acceso más equitativo mediante cuatro acciones básicas: (1) la adopción de prácticas empresariales sostenibles, (2) la colaboración con otras organizaciones para apoyar iniciativas que promuevan el acceso a la energía en comunidades más vulnerables, (3) la formación y capacitación en temas de eficiencia energética y energías renovables y (4) fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras para el acceso a la energía en zonas remotas y rurales.