Contra la “ciudad letrada”. Ley General HCTI

La Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), aprobada recientemente por las cámaras del Congreso, exalta a la categoría de norma fundamental de Estado la perspectiva enérgicamente social de la política educativa y científica del gobierno en turno.

La base doctrinaria de esta orientación se condice con las tradiciones intelectuales de la izquierda mexicana, las políticas públicas del Estado de Bienestar y, primordialmente, los compromisos que nuestro país adoptó en materia de Derechos Humanos ante la comunidad internacional. El rechazo de esta Ley que se ha venido articulando mediáticamente, ignora por completo y con deliberación ese fundamento doctrinario.

El eje doctrinal de la HCTI gira en torno a la sanción de la ciencia como un Derecho Humano, en la línea del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que confirió en 1976 a la persona humana el goce del progreso científico y sus aplicaciones. De este instrumento del Derecho Internacional, asumido por México en 1981, se deriva la responsabilidad que el Estado tiene de tutelar y procurar la realización plena del derecho de todo ser humano a participar y beneficiarse del conocimiento más riguroso y sus aplicaciones, allanando todo tipo de marginalidad, discriminación y exclusión.

La HCTI no sólo asume, sino que extrema el paradigma humanístico del derecho internacional sobre la materia; así, va en contra de una “ciudad letrada” arrogante, aislada de sus circunstancias, que ha hecho del conocimiento su patrimonio exclusivo y secuestrado en su favor la noción de “autonomía”, “excelencia académica” y “libertad de investigación”.

Esta norma se deslinda de los principios abrazados por los gobiernos de Acción Nacional, que anclaron la ciencia y la educación a los indicadores cuantitativos del crecimiento material, la productividad y la competitividad, de acuerdo con las acciones legislativas de 2002 y 2009. Consecuentemente, la iniciativa privada ocupó un lugar privilegiado en la gestión de esta política pública hasta 2019 (año de una modificación constitucional que presagiaba, y aun exigía, una ley general sobre este ramo de la administración pública). Ése fue el fundamento de los fideicomisos que propiciaron la transferencia de recursos públicos a las empresas, cuya extinción ha sido el fuego más vigoroso de la agitación opositora contra el capítulo científico del gobierno actual.

La HCTI repara este orden de cosas, devolviendo en exclusiva a la esfera del Estado la materia científica, y cargando sobre sus hombros el mandato de tutelarla como un derecho humano, cuyo fin más preciado es el disfrute de los derechos económicos y sociales (salud, alimentación, agua, el bienestar en el desarrollo de la vida humana; en fin, los temas centrales de la agenda internacional más avanzada en nuestros días).

La Observación General 25, emitida por la ONU en 2020, gracias al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, avala en el marco internacional a la primera ley general sobre ciencia con que cuenta nuestro país, de modo que puede alegarse que ésta homologa el ramo del conocimiento y educación con los estándares propios del siglo XXI.