Una nueva constitución chilena

Si hace un año alguien le hubiese preguntado a cualquier ciudadano promedio de Chile sobre la posibilidad de que pronto se aprobara una nueva constitución, lo más probable es que hubiese levantado las cejas con duda y asegurarse que eso no era posible. Sin embargo, ayer los chilenos se volcaron masivamente a las urnas en un plebiscito que, de acuerdo con todas las predicciones, abrirá la puerta a la discusión de un nuevo texto fundamental.

La constitución chilena actual fue redactada y aprobada en 1980, aun durante el gobierno del dictador Augusto Pinochet y 8 años antes de que este régimen llegara a su fin con el plebiscito de 1988, en el que 55.9 por ciento de los chilenos votó el fin del militarismo y el inicio de una transición democrática. El proceso político posterior al pinochetismo fue sumamente interesante, pues para superar la tragedia de un régimen que dejó a más de 40 mil víctimas entre torturas, desapariciones y asesinatos fue necesaria la creación de una gran coalición que incluso logró superar las barreras de la ideología. La Concertación de Partidos por la Democracia que ganó las elecciones del siguiente año incluyó al Partido Demócrata Cristiano y a una multiplicidad de partidos socialistas, de izquierda y socialdemócratas.

Esta coalición amplia gobernó ininterrumpidamente hasta 2010, cuando fue derrotada por Sebastián Piñera (quien gobernó de 2010 a 2014 y que en 2018 volvió a ser electo presidente), lo que permitió que la sociedad chilena tuviera una gran cantidad de cambios y decisiones políticas plurales que rápidamente la convirtieron en una de las economías más prósperas de la región. Los diferentes gobiernos de Chile lograron impulsar amplias y profundas reformas a la constitución, que hoy dista mucho del texto original de Pinochet; sin embargo, nunca logró eliminarse del imaginario colectivo su relación directa con el terrible recuerdo de la dictadura.

A esto hay que agregar que, a pesar del impresionante crecimiento económico de Chile que promedió cerca de un 5 por ciento anual, su prosperidad no fue compartida de la mejor manera, pues la desigualdad del país medida por su coeficiente de Gini es casi igual a la de México, lo cual obviamente significa que están al fondo de la tabla cuando se les compara, por ejemplo, con el resto de miembros de la OCDE.

Estas terribles desigualdades se encuentran en el corazón de las múltiples manifestaciones que han sucedido en Chile a lo largo de los años, las cuales han sido impulsadas mayoritariamente por la generación más joven, que ha visto que el relato del éxito económico chileno no se ha transformado en mejores oportunidades para todos. Las últimas manifestaciones que comenzaron por un incremento al precio del metro hace un año y que en múltiples ocasiones han convulsionado la vida del país por la violencia de sus destrozos (así como la violencia con la que han sido reprimidas) han creado el caldo de cultivo perfecto para demandar cambios profundos en el sistema, lo cual ha sido canalizado en la demanda de una nueva constitución. La realidad no cambiará de inmediato por decreto, pero abrir una discusión constitucional plural y amplia ofrece oportunidades únicas para soñar y construir.