Los acreedores de ICA

El grupo de seis empresarias y empresarios pequeños que ha mantenido un largo plantón frente a las oficinas de Empresas ICA, para reclamar el pago de 54 mdp a la firma dirigida por Guadalupe Phillips, exhibe una de las peores prácticas en la industria de la construcción; como lo expone el testimonio de una afectada, Elide Sierra, propietaria de Hiperconstrucciones del Norte, patrimonios de toda una vida suelen financiar grandes compañías.

El Concurso Mercantil 20835 protocolizado por Amado Ortiz, secretario de Juzgado XII de lo Civil en la CDMX el 6 de diciembre de 2017 reconoció solamente pasivos de 143 reclamos, especialmente de bancos, instituciones financieras, de manera notable también de las filiales de lo que fuera Constructoras ICA, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Controladora de Empresas de Vivienda e ICA Tenedora…, pero en especial Fintech Europe y Fintech Investment, de David Martínez, que obtuvo el reconocimiento y prelación de créditos valuados en ese entonces en poco más de mil millones de dólares que representaron 43.93% de toda la masa concursal reconocida.

Pero fueron cientos, tal vez miles, las empresas de diverso tamaño y entidades gubernamentales, a los que no se le reconocieron sus cobros. Empresas ICA tomó los activos viables y sólo reconoció parte de sus adeudos a descuento. Los demás fueron ignorados. Actualmente se tiene conocimiento de casi 150 juicios en diversos tribunales de la CDMX, entre ellos el Expediente 77/2017 del Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, y del Proyecto Metro contra Ingenieros Civiles Asociados; el 618/2017 de Proyectos de Parques Temáticos… y hasta por papelería demandaron con el expediente 1116/2018 y el 859/2018 presentados por Kimberly Clark y MGM Copiadoras.

El plantón frente a Plaza Patriotismo que iniciaron las empresarias Elide Sierra, Meliana del Carmen Chávez, Livier Ruiz, Alejandra Villa y Arnulfo Godínez, puso en relieve los abusos al amparo de un concurso mercantil.

Manpower contesta. En atención al derecho de réplica solicitado educadamente por el director de relaciones institucionales de Manpower, Héctor Márquez, transcribo la carta enviada a este columnista: “(…) en su columna ‘Gente detrás del dinero’ que se publica en el diario La Razón hace varias referencias a ManpowerGroup y a su presidente para Latinoamérica, la Lic. Mónica Flores Barragán, mismas que carecen de fundamento, razón por la cual nos dirigimos a Usted. En ningún momento ha existido expediente alguno que incrimine a la empresa en actos ilegales, por el contrario, ManpowerGroup es una compañía pública que cumple con todos los estándares de cumplimiento, éticos y de transparencia en sus operaciones, por lo que ha sido reconocida por varios años consecutivos como la compañía más ética de su sector.

“Por otro lado, también es falsa la lista de nombres de grandes empresas que menciona en su columna, ya que ManpowerGroup, exceptuando una, no tiene relación comercial con dichas compañías. Es evidente que las acciones que prevé emprender el Gobierno federal para erradicar las malas prácticas en el uso de la tercerización lastiman intereses en los que ManpowerGroup no se ve involucrado (…)”. Ésta es su posición. Sólo que hay datos y hechos a la vista.

Yucatán, la más segura. La próxima titular de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, puede tomar un respiro con la situación en Yucatán: la administración de Mauricio Vila, en coordinación con las fuerzas federales, registró la mayor tasa nacional de reducción de delitos de enero a septiembre, -52.5% de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y que refuerza la tendencia a la baja que lleva 11 meses y que ha hecho que Mérida sea una de las tres ciudades más seguras del país. La media nacional es de una baja de -13%, dato muy positivo, pero con puntos preocupantes.