May: del modelo incluyente al clientelismo barato

Las prisas nunca son buenas consejeras. La turgente urgencia presidencial por terminar en 2023 el Tren Maya, hoy a cargo de Javier May, hizo a un lado el plan central de la obra: las Comunidades Sustentables Maya como modelo incluyente, asociativo para propietarios de tierra y habitantes de la región, el único elemento que justificaba destruir selva, pues ofrecía esquemas concretos para una profunda remediación ambiental fundada en el aprovechamiento racional de los recursos naturales al reordenar el crecimiento de ciudades medias y pobladas. Ahora, a cambio, el director de Fonatur ofrece pensiones a los pobladores de la zona que apoyen la obra cuando el tren tenga utilidades.

Es decir, que en lugar de un Modelo de Desarrollo Regional, tendremos un simple tren. Ciertamente que el Maya agilizará el traslado de todo tipo de mercancías que hoy se mueven en miles de camiones y eventualmente de un número creciente de pasajeros por lo que de manera inercial generará crecimiento económico…, al igual que hacía los viejos planes de infraestructura que no consideraron el crecimiento poblacional y urbano ni mucho menos el desarrollo sustentable.

El modelo que apura Andrés Manuel López Obrador dará beneficios directos tal vez de 5 mil propietarios de predios en torno a las estaciones, serán nuevos ricos y probablemente desarrollen negocios en la zona; las Comunidades Sustentables Maya, a través de un modelo de Fibras, por su parte, pretendían incorporar a millones de personas en calidad de socios —no empleaditos y vendedores precarios de artesanías— y empoderar a una población largamente marginada que tomaría decisiones a través de un sistema de condominio coordinado por el propio Fonatur.

Hoy ya no cabe duda sobre la voluntad política de hacer el tren “haiga sido como haiga sido”; en este espacio se ha ilustrado la complejidad técnica de la obra. Vaya sólo el traslado de basalto desde Motzorongo y Balzapote a los frentes de trabajo a fin de estabilizar las vías requería 8.3 años si nada falla en términos técnicos (o si los transportistas, representados por Pedro Haces, no se ponen exigentes), lo cual marca el límite real a las expectativas de inauguración y propaganda del actual Gobierno.

Lo desafortunado es que esa voluntad política desechó un esquema que permitía asociar a los propietarios privados, ejidales con los de propiedad social (parcelas, uso común, soleares) que habría podido asociarse en participación a 30 años y otro tanto prorrogable, todo bajo la coordinación federal mediante Fonatur como Desarrollador Maestro.

¿Hay posibilidad de subsanar esta grave omisión? Tal vez el próximo director de Fonatur —impulsado por la Sedena, que encabeza Luis Cresencio Sandoval— pueda encontrar una solución…, pues el tren, por sí mismo, no genera utilidades (ya prometidas al Ejército) pues se obtienen de las estaciones cuando se desarrollan de manera amplia e incluyente.

Mil patrullas a municipios pobres de Puebla. Para atender de manera inmediata las demandas de seguridad de municipios con escasos recursos del estado de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa anunció la licitación pública para arrendar mil patrullas, las cuales serán entregadas a dichos ayuntamientos, los cuales quedarán como propietarios de los vehículos en 2024.

En plena escasez de patrullas nuevas (y de casi todo tipo de autos para flotillas), la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSPP) dará a conocer el próximo lunes 15 de agosto a la empresa ganadora del proceso de licitación para el arrendamiento del millar de unidades. Participan tres empresas: Casanova, de los hermanos Joaquín y Carlos Echenique Casanova; Jomtel Telecomunicaciones, dirigido por Jorge Luis Morera Angulo, y LTP Global Software.

Unifin impaga…, y pega a Crédito Real. Como es sabido la noche del pasado lunes, Unifin, de Luis Barroso y que dirige Sergio Camacho, anunció que dejaría de pagar intereses y principal a sus acreedores que participaron en colocaciones privadas de deuda. De esta decisión el principal afectado es el emproblemado Crédito Real —en el Capítulo 11 por una deuda de 151 millones de dólares—, de Ángel Francisco Romanos Berrondo y cuya especialidad son los créditos de nómina. Otro afectado por esa suspensión de pagos es Scotiabank, que aquí lleva Adrián Otero, y que había confiado en el negocio de factoraje de Unifin. La crisis aprieta.