Revés definitivo de Cosío y Morena en Nizuc

El empresario Antonio Cosío Ariño se quedó con las ganas de frenar la competencia en una de la playas más hermosas de Cancún, Punta Nizuc: luego de recurrir a garlitos legales para impedir la instalación de un Hotel RIU en esa misma zona, el Juzgado V de Distrito de esa ciudad negó el amparo que Cosío Ariño promovió a través de un muy conocido —por tramposo en temas ambientales e inmobiliarios— militante de Morena, Gerardo Solís Barreto, a quién, tras este fallo, le cayó encima una denuncia por corrupción de menores.

Vaya, en el amparo que Solís Barreto interpuso en contra de la instalación de un Hotel RIU en Punta Nizuc (el 984/2020) utilizó a menores de edad para acusar que esa obra atentaría contra el medio ambiente en una zona ya impactada por el Hotel Brisas Nizuc. Los juzgadores se percataron de la falsedad de declaraciones hechas por el presunto ambientalista, así como del truco de utilizar menores para no ser acusado de falsear declaraciones (delito que se persigue de oficio), por lo que se le inicia la acusación de corromper menores para que se prestaran a sus propósito… y por tanto a los intereses de Cosío Ariño.

A la letra, el fallo dice “…la parte quejosa no ofreció medio de convicción idóneo para acreditar, al menos indiciariamente, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue la suspensión, así como el interés social que justifique su otorgamiento.” En ello “...se incluye la construcción de la infraestructura necesaria para la planta de tratamiento de aguas residuales provenientes del proyecto ‘Hotel Riviera Cancún’, entonces se llega a la conclusión que ese desarrollo cuenta con las medidas de prevención a que se refirió el estudio original correspondiente y, con ello, no se pone en peligro y vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano.”

Es de esperar que el dueño de Las Brisas busque otros caminos de bloquear a la cadena de Carmen y Luis Riu usando más abogados y personeros, incluso con Gerardo Solís… claro, una vez que el morenista solucione sus problemas con la justicia.

Atajar al “Cártel de los Despojos”. Y también en el centro turístico más importante del país la organización civil Observatorio Legislativo Quintana Roo alerta sobre el candidato a síndico por la alianza Morena-PVEM-PT, Pablo Bustamante Beltrán, quien incumple la Ley de Municipios de la entidad (artículo 133), la cual establece que aquellos ciudadanos-as que ocupen un cargo tan relevante como el de presidente municipal deben contar con “reconocida probidad y solvencia moral”. Y es que Bustamante Beltrán (líder local del PVEM) es señalado por el organismo que encabeza Eduardo Galviz de ser parte vital de una red dedicada a defraudar bancos para apropiarse de departamentos de lujos a través de juicios laborales falsos (avalados por la jefa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Teresa de Jesús Ku Pat), como le sucedió a Banco Sabadell, que dirige aquí Francisco Lira. Pero aunque la Fiscalía Anticorrupción de Carlos Joaquín González anda sobre esa red cuya cabeza visible es la seudoempresaria Erika García Deister, Bustamante Beltrán sigue de lleno en campaña.

CIRT vs. Ley Mordaza. Ayer la Cámara Nacional de la Radio y la TV, que provisionalmente conduce Alejandro Haiducovich, emitió una duro posicionamiento contra el intento de la Segunda Sala de la SCJN de imponer nuevamente la llamada Ley Mordaza (técnicamente denominada “Lineamientos de audiencias para informativos del IFT”) con la que se pretende cambiar el actual modelo de autorregulación por uno de control burocrático, discrecional y convenienciero que impone la autocensura so pena del castigo oficial según contentillo. Quién sabe qué interés traen en la SCJN para intentar censurar la libertad de expresión durante la emisión de noticias cuando el propio Congreso de la Unión desechó esos lineamientos por violentar los derechos constitucionales elementales. ¿Sabrá algo el ministro Arturo Zaldívar?