¿”Abrazos no balazos”?…

Zudikey Rodríguez, candidata de Va por México a la alcaldía de Valle de Bravo; Milton Martínez, coordinador de campaña de Movimiento Ciudadano en Bahía de Banderas, Nayarit; Emilio Montero Pérez, candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Juchitán, Oaxaca; Octavio Pedroza, candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de San Luis Potosí, y el abanderado de Fuerza Por México a la Alcaldía de Acapulco, José Alberto Alonso Gutiérrez… todos ellos tienen algo en común:

Han sido amenazados —algunos a balazos— para bajarse de la contienda electoral en la que participan. Unos fueron privados de su libertad, otros torturados, otros recibieron narcomensajes y otros simplemente se salvaron de milagro de una balacera de la cual eran el objetivo.

Pero ya suman 88 los que no han sobrevivido a este violentísimo proceso electoral —hasta hoy—, de los cuales el 75% pertenecían a partidos opositores.

Con esta cifra, ésta es ya la segunda elección concurrente federal más violenta desde el año 2000, sólo por debajo del pasado 2018 en el que murieron 152 políticos, número que no se va a rebasar esta vez, más por un tema de calendario electoral —que en esta ocasión es más corto—, que por una disminución en la violencia.

Sólo en este último mes, tres candidatos del partido Movimiento Ciudadano fueron asesinados. La más reciente, Alma Rosa Barragán, candidata a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, quien fue baleada durante el que sería su último acto de campaña.

Antes de ella, cayó muerto en una banqueta Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Cajeme, en Sonora; y otro fue Arturo Flores Bautista, candidato a síndico en el municipio de Landa de Matamoros, Querétaro.

Con ellos suman 34 aspirantes y candidatos asesinados, 29 de ellos aspiraban a un cargo del orden municipal (alcaldías, regidurías o sindicaturas) y el 89% de ellos pertenecían a partidos opositores al gobierno de los lugares donde realizaban sus campañas.

De los 88 asesinados, 14 eran mujeres y 7 de ellas aspirantes o candidatas, según el más reciente informe de violencia política elaborado por Etellekt con cuyo director, Rubén Salazar, platiqué esta semana.

Asaltos o robos con violencia, riñas personales, presuntos feminicidios o deudas con el narco, son las posibles razones que rodean estas muertes, sin embargo, todos concluyen en algo que nos afecta a todos los mexicanos: la impunidad.

“No tenemos al día de hoy una estadística que parta de las propias carpetas de investigación, ni de agresores sentenciados, no hay sentencias que nos hablen acerca de los móviles de los crímenes, si ¿eran móviles políticos o criminales?, y ¿quiénes fueron los autores materiales o intelectuales?”, me dijo Rubén Salazar.

En total se tienen registrados 724 hechos delictivos que contemplan diferentes delitos, pero por lo menos 450 de ellos tenían como objetivo a aspirantes y candidatos.

Los asesinatos se han registrado en 16 de las 32 entidades del país, siendo Veracruz el estado que más registra con 16 muertos, seguido de Oaxaca con 11 y Guerrero con 8, esto hasta el 25 de mayo pasado cuando Etellekt hizo su último corte de caja…

Mientras tanto, ante los datos duros, cuando el presidente se refiere a la violencia política como “un asunto de la temporada”, en donde los medios toman partido para “magnificar”, culpando a “los conservadores” que atacan al proyecto que representa, queda claro que desde el Ejecutivo no se está dimensionando el tamaño del problema que México está enfrentando en nuestro mayor ejercicio democrático.

Aunque existen precedentes de resultados impugnados por violencia electoral, la realidad es que resulta muy complicado pensar en una anulación de algún proceso, sin embargo hay una preocupación latente de que este fenómeno puede trascender más allá de las urnas, como me lo advirtió el director de Etellekt:

“En la medida en que estamos previendo que muchos partidos, sobre todo los que actualmente gobiernan, no acepten los resultados electorales, esta violencia podría traducirse en actos de amedrentamiento e intimidación hacia las propias autoridades encargadas de calificar la elección, sobre todo de los magistrados de los tribunales electorales. Nos preocupa que esta violencia pueda desbordarse en las calles”.

Y es que a diferencia de hace tres años, esta elección vive un clima de polarización inédito, de enfrentamientos en eventos proselitistas entre grupos de militantes de partidos rivales, que conforme se acerca el 6 de junio van subiendo en intensidad.

Ojalá que este ambiente de violencia no alcance a inhibir el voto el próximo 6 de junio y que sea un domingo en el que la ciudadanía salga firme a su cita con la democracia —en lucha simbólica contra la delincuencia organizada— que como pocas veces a los mexicanos nos está tocando defender.