Cuba y sus embargos

Hace poco más de un año, escribíamos sobre los sesenta años del embargo comercial de Estados Unidos a Cuba. Dábamos por fecha de inicio de la adopción de aquellas sanciones el 19 de octubre de 1960, cuando el gobierno de Dwight Eisenhower aplicó un veto parcial a las exportaciones hacia Cuba, exceptuando medicinas, alimentos y otros productos y también las importaciones cubanas a Estados Unidos.

Aquella primera generación de medidas coercitivas se produjo en el momento de quiebre diplomático entre Estados Unidos y Cuba después de la Revolución de 1959. Washington reaccionaba unilateralmente al agresivo proyecto de nacionalizaciones del gobierno revolucionario cubano en el verano de 1960. Al día siguiente del anuncio del embargo parcial, el último embajador de Estados Unidos, Philip Bonsal, fue retirado de la isla.

Aunque entonces el vicepresidente Richard Nixon habló de una “cuarentena total” contra Cuba, fue a inicios de febrero de 1962 que el gobierno de John F. Kennedy extendió el embargo a alimentos y medicinas, no subsidiados, y a las importaciones cubanas. De acuerdo con su política anticomunista, Washington introdujo las primeras penalizaciones extraterritoriales contra terceros países que comerciaran o invirtiesen en Cuba.

Aquel embargo total, que entró en vigor hace sesenta años, se aplicó cuando en la isla ya se transitaba al marxismo-leninismo y el gobierno cubano había establecido relaciones comerciales y diplomáticas con todo el campo socialista, desde China y Viet Nam hasta los países del bloque soviético. Unos días antes del anuncio de Kennedy, Cuba había sido expulsada de la OEA con el argumento de que la adopción de un régimen comunista “era incompatible con el sistema interamericano”.

Mientras el embargo de Eisenhower podría interpretarse como la típica hostilidad de Washington contra nacionalismos revolucionarios radicales —el canciller Raúl Roa dijo entonces que Estados Unidos trataba a Cuba “como si fuese su propiedad inmobiliaria”—, el de Kennedy se inscribía en una política de Guerra Fría que se extendió hasta la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la URSS a principios de los años 90.

La política exterior de Estados Unidos había cambiado en sus vínculos con China y Viet Nam y continuaría cambiando en otras regiones, como Europa del Este, desde fines del siglo XX. En Cuba, en cambio, mantuvo su eje en el embargo comercial, como se lee en las leyes Torricelli y Helms-Burton, que introdujeron condicionamientos para la flexibilización como la transición democrática y la salida de Fidel y Raúl Castro del poder.

A partir de los 90, la historia del embargo experimentó tres desplazamientos de la mayor relevancia: adquirió rango legislativo, se fijó como premisa de la política cubanoamericana y se incorporó al sistema jurídico de la represión en Cuba. Como se ha comprobado en los últimos años, desde el reforzamiento de sanciones por parte del gobierno de Donald Trump y el aumento de la resistencia y la represión en la isla, los tres contribuyen a la perpetuación del statu quo.

La normalización diplomática emprendida por el gobierno de Barack Obama, entre 2013 y 2016, probó que el embargo no es inamovible ni consustancial al vínculo entre Estados Unidos y Cuba. Pero para avanzar en la distensión bilateral se requieren factores de muy difícil convergencia: verdadera voluntad de cambio en el gobierno de la isla, flexibilidad en la política cubanoamericana o la llegada a la Casa Blanca de una presidenta o presidente dispuestos a hacer la diferencia.