Gobierno maltrecho

Hoy llama poderosamente la atención la torpe conducción del Gobierno mexicano en el arranque de su segundo año, como si de nada hubiera servido la curva de aprendizaje de los trece meses anteriores.

No cabe duda de que la principal habilidad del Presidente reside en su capacidad de controlar y manipular la agenda pública. En la picaresca política mexicana, el hechicero AMLO lleva 20 años siendo el mayor conjurador de “cajas chinas”. La última, el disparate estratosférico de la rifa del multimentado avión (todo un tótem en el imaginario confabulador lopezobradorista), estrafalario recurso engañabobos para desviar la atención sobre múltiples problemas políticos muy serios que el mismo Gobierno federal ha hecho explotar en lo que va del año.

En esa lista hay que apuntar el terrorífico borrador de una esperpéntica contrarreforma judicial, la caída en el sistema para emitir la CURP, el desastre en la gestión de la crisis de las nuevas caravanas migrantes que pretenden cruzar el territorio nacional hacia el norte, los niveles de violencia más elevados desde que se tiene medición, y el nuevo intento de golpe a la autonomía del INE (la investigación “de oficio” anunciada por el contralor interno contra la “alta burocracia”, por presunta “afectación patrimonial”, al haber acudido al juicio de amparo para no tener que ajustar sus sueldos por debajo de lo que gana el Presidente, sin reparar en el “pequeño detalle” de que el sueldo de los consejeros electorales no lo fijan ellos, sino la misma Constitución). Pero de todos los despropósitos del año dos de la “era AMLO”, sin duda destaca el caótico inicio de vigencia del Insabi.

Ante el anuncio, hace unos meses, de un nuevo sistema de salud que sustituiría al muy valorado Seguro Popular, seis exsecretarios de Salud federales alertaron sobre lo catastrófico de una mala aplicación de lo que hoy se llama Insabi, cuya viabilidad financiera está muy en duda (se supone que se cubrirá con transferencias federales y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, pero las cuentas simplemente no salen). Además, se desconocen los padrones de los beneficiarios anteriores, sin que queden actualizados y depurados los nuevos; como la reforma presupone una recentralización de servicios de salud, los incentivos políticos tienden al conflicto (lo que ha quedado demostrado cuando los gobernadores de Morena sí se adhieren a los convenios de colaboración, pero algunos de oposición —el jalisciense de Movimiento Ciudadano y los panistas— no tienen intenciones de signarlos); y, lo más importante: miles de mexicanos están ya viendo afectados, restringidos o cancelados los servicios de salud más elementales a los que tenían acceso gracias al Seguro Popular (consultas, medicamentos, tratamientos, cirugías), a lo que hay que sumar la insuficiencia de médicos y enfermeras y la incertidumbre laboral que, debido a la reforma, hoy padecen cientos de profesionales de la salud.

Lejos de corregir lo que tal vez era pertinente del Seguro Popular, el capricho político y la impericia técnica están generando las condiciones para una (otra) autoprovocada crisis de salud. Ninguna cortina de humo, aunque sea del tamaño de un avión, debería ocultarla.