“Palo” a la Ley Bonilla o cuando las instituciones funcionan

Hoy hay que celebrar que el equilibrio y la división de poderes funcionaron en México. El Estado de derecho, las instituciones y hasta el llano sentido común se impusieron.

Como es ampliamente sabido, el lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar por unanimidad inconstitucional la tristemente célebre Ley Bonilla, puso fin al madruguete que intentó y defendió Jaime Bonilla para autoconcederse tres años más al frente de la gubernatura de Baja California, adicionales a los dos años para los que había sido estrictamente electo por la ciudadanía de ese estado.

Desde que inició el proceso electoral y al momento de acudir a las urnas en la jornada de 2019 para renovar la gubernatura bajacaliforniana, los electores sabían que estaban convocados para elegir a un gobernador de transición, que duraría sólo dos años, y después de eso la renovación de la gubernatura sería concurrente con las elecciones federales intermedias, por lo que habría nuevas elecciones de gobernador en 2021, ahora sí para un periodo “normal” de seis años.

La historia es bien conocida. Tras el meteórico e inesperado ascenso del partido Morena y del lopezobradorismo en la norteña entidad, cristalizado en un contundente triunfo electoral con “carro completo” (todas las alcaldías, todas las diputaciones estatales de mayoría relativa) y la primera alternancia en el gobierno estatal desde 1989, dos añitos les parecieron poca cosa a los ganadores. En un proceso salpicado de denuncias de corrupción lograron el dócil acompañamiento del congreso local. Con argucias legaloides y argumentos de “eficacia política” se abocaron a violar el orden constitucional y los más elementales principios democráticos, argumentando, entre otras falacias, ahorros por no tener que convocar a nuevas elecciones en un plazo tan corto, o la insuficiencia para proyectar y dar resultados de un gobierno con tan poca duración… ignorando antecedentes cercanos (Veracruz y Puebla) donde ya se habían dado breves gobiernos de ajuste para adecuarse igualmente al calendario electoral federal. Inclusive, y en fechas más recientes, algunos defensores de la ampliación del mandato de Bonilla argumentaron que estarían en mejores condiciones para enfrentar la emergencia sanitaria. Lo que hay que ver, con tal de jalar agua a su molino.

Jaime Bonilla tenía, en un inicio, todos los recursos a su alcance para hacer un inmejorable gobierno, en la lógica de su bando partidista: un histórico triunfo electoral sobre el panismo, mayoría absoluta en el Congreso local, alineación política tanto de los municipios del estado como del Gobierno federal. Pero su desbordada ambición abolló la legitimidad de su triunfo, y al escándalo de los sobornos en el Congreso siguieron denuncias sobre el presunto cobro de cuotas millonarias a empresarios para la adjudicación de contratos y, hace pocas semanas, los enfrentamientos con las autoridades federales en un repartidero de culpas sobre el mal desempeño en la atención de la crisis sanitaria. Bonilla gobierna hoy uno de los estados más golpeados por el Covid-19, literalmente un foco de infección que preocupa seriamente dentro y fuera del país, dado el intenso intercambio de personas y mercancías con la vecina California.