Renovación del Consejo de la Judicatura

El artículo 100 de la Constitución determina que el Consejo de la Judicatura Federal, órgano técnico a cargo de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial federal, está integrado por siete abogados. Corresponde presidirlo al presidente de la Suprema Corte.

Otros tres miembros son nombrados por mayoría calificada de al menos ocho votos de los 11 ministros del máximo tribunal de entre los magistrados de circuito y jueces de Distrito. Dos consejeros son designados por el Senado, y uno más por el Presidente de la República.

El pasado 6 de septiembre concluyeron su periodo de cinco años los dos consejeros nombrados por el Senado en 2014. La Junta de Coordinación Política senatorial aprobó, cuatro días después, un acuerdo para convocar a los posibles interesados en ocupar los cargos. El plazo para registrar candidaturas comenzó el 30 de septiembre y concluyó el 4 de octubre. Fueron recibidas 126 solicitudes, de las cuales, 100 cumplieron con los requisitos.

En el proceso a cargo del Senado se observa una competencia desleal por parte de algunos participantes. Como ya quedó señalado líneas arriba, tres de los siete lugares corresponden exclusivamente a jueces  y magistrados federales. A pesar de ello, la revisión de los 100 nombres revela que al menos 33 de los aspirantes aceptados son jueces de Distrito y magistrados de circuito. Una comparación entre el proceso actual y el realizado por los ministros de la Corte, a principios de 2019, muestra que los magistrados Arturo Cedillo, Martín Mariscal, Miguel Mendoza, Héctor Mercado, Froylán Muñoz, Ricardo Ojeda, Martín Rangel, Eugenio Reyes, Juan Rodríguez y Marco Rosas, quienes ni siquiera fueron considerados por los ministros entre los cinco finalistas para ser consejeros, buscan ocupar el puesto por la vía senatorial.

La elección de Arturo Zaldívar en la presidencia del máximo tribunal representa un quiebre en el perfil profesional de quienes lo han dirigido desde la Reforma Judicial de 1994, pues no proviene de la carrera judicial. Esto ayuda a entender que, en las tareas de renovación que ha emprendido durante los últimos meses, no le ha temblado la mano para enfrentar el escandaloso nepotismo ni ha solapado la corrupción de jueces y magistrados. El Senado debe descartar a los 33 jueces y magistrados federales por dos razones. La primera, debido a que su participación reduce las posibilidades para que sean nombrados juristas procedentes de los Poderes Judiciales locales, la academia o el litigio privado. La segunda, porque su inclusión aumentaría, aún más, la mayoría que tienen entre los consejeros. Con una mayoría de cuatro sobre siete votos, los juzgadores federales estarían en posibilidad de bloquear las medidas anticorrupción emprendidas por el ministro Zaldívar. De ahí que la decisión de los senadores sobre los dos consejeros sea tan importante, pues determinará quiénes acompañarán al Presidente, de manera que la gestión del Consejo de la Judicatura Federal sea transparente, honesta y basada en méritos.