Movimientos feministas y salud pública: dos frentes abiertos

De manera sostenida, la aprobación presidencial ha decaído semana tras semana, desde que entró en vigor esa ocurrencia mal diseñada denominada Insabi. No es gratuito que, al iniciar el tercer mes de 2020, la salud pública y las protestas feministas sean dos frentes que tienen en jaque al lopezobradorismo.

Salud pública. Es por supuesto evidente que el Gobierno mexicano no tiene responsabilidad alguna en el surgimiento del coronavirus. De lo que sí es responsable es de la mala percepción con respecto a los servicios de salud y de la incredulidad de vastos sectores de la población, que se encuentran convencidos de que el país no está en condiciones de enfrentar la epidemia, una vez que finalmente se confirmaron los primeros casos del Covid-19 en territorio nacional. ¿Y cómo tener confianza en el sistema de salud, cuando en las semanas previas la conversación pública en materia de salud se centraba en los malos e insuficientes servicios, el caos tras la cancelación del Seguro Popular, la falta de vacunas y medicamentos para combatir el VIH (retrovirales) o el cáncer, sobre todo en sus variedades que afectan especialmente a mujeres y niños?

Movimientos feministas. No cabe la menor duda que lo que ocurra entre el sábado 7 y el lunes 9 de marzo marcará un hito en los movimientos feministas en México. En sintonía con conmemoraciones internacionales, pero también con importantes énfasis locales, las convocatorias a las concentraciones de la cadena feminista, las marchas del Día Internacional de la Mujer y el paro del #9M (#UnDíaSinNosotras) marcarán las que serán hasta ahora las protestas feministas más importantes que haya enfrentado cualquier Gobierno en México. Si bien se trata de un hartazgo y un problema crónicos, este Gobierno ha sido particularmente insensible, indolente e irresponsable para atender las demandas más elementales de los distintos feminismos. Un gobierno que se dice “de izquierda” ha quitado apoyos a mujeres vulnerables en albergues, reducido presupuestos en estancias infantiles o en atención médica, ninguneado sus legítimas demandas y negado la violencia de género como problema público, con tal de no querer empañar las ocurrencias absurdas del Tlatoani (como la esperpéntica y desastrosa rifa-no-rifa-del-avión-no-avión).

Si se considera la abrumadora mayoría legislativa de la que goza la coalición gobernante, no se entiende que no hayan impulsado la aprobación de leyes para atender las más sensibles demandas de importantes sectores femeninos, como podría ser una ley sobre aborto libre, seguro y gratuito. No sólo eso: apenas hace unos días, la diputada federal Jannet Téllez, del grupo parlamentario de Morena, propuso castigar con trabajo comunitario a mujeres que hayan abortado. Por más que su partido haya querido desentenderse de tan atroz iniciativa, es claro el desconcierto en el que las huestes del régimen se conducen. Incluso en instituciones hoy supuestamente autónomas: precisamente en un momento que coincide con los más atroces casos de feminicidio de los últimos tiempos —los icónicos casos de Ingrid Escamilla y la niña Fátima—, nos quedamos todos anonadados ante la propuesta de la Fiscalía General de la República de descafeinar el tipo penal del feminicidio. Vaya “izquierda” nos gobierna.