Dotaban de recursos a organización criminal
Así operaba red criminal de Inés Gómez Mont y su esposo para desviar millones de pesos
La FGR acusó a Inés Gómez Mont y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, de simular operaciones para desviar más de dos mil millones de pesos; detalló que otras cinco personas participaron en los delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer esta tarde el esquema de facturación y simulación de contrataciones públicas en el que participaron empresarios y exfuncionarios, como Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, donde se desviaron más de dos mil millones de pesos.
La FGR inició en noviembre de 2019 la investigación contra Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga, Edgardo "V", Rosario "A", Margarita "C", Ricardo "P", Mauricio "R" y siete empresas que supuestamente participaron en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Mencionó que los involucrados se coludieron "para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal, bajando cargas tributarias y ocultando operaciones", dificultando el rastreo de los recursos.
"Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes".
Fiscalía General de la RepúblicaLa Fiscalía señaló que la organización principal era manejada por Gómez Mont y su esposo, quienes trabajan con supuestos representantes de distintas empresas.
Agregó que se obtuvo información que había un grupo conformado por Héctor "Z", Armando "R", José "O", Ricardo "C" y Yareli "C", quienes hacían las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
A su vez, otro grupo estaba integrado por servidores públicos, quienes "fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo "G", Paulo "U", Emanuel "C", Jesús "P" y Jorge "N", detalló la FGR, que añadió que los grupos se coordinaban para realizar los delitos.
La Fiscalía resaltó que una empresa investigada, representada por Héctor "Z", recibió más de dos mil 500 millones de pesos.
Por otro lado, la investigación señala como contratos irregulares centrales, dos con los Centros Federales de Readaptación Social por dos mil 950 millones de pesos.
Gabriel "M", un implicado en la investigación, figuraba como accionista de una de las empresas y vendió sus activos antes del inicio de las operaciones delictivas, sin embargo, la FGR mencionó que dicha empresa se seguirá investigando.
KEFS