Un impuesto para predios considerados subutilizados, plazos de dos a cuatro años para construir y la eventual venta forzosa de terrenos forman parte de las propuestas del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), que abrió una controversia sobre cómo combatir la especulación sin afectar el patrimonio de familias que carecen de recursos para edificar.
Coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los gobiernos de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, el proyecto busca orientar el crecimiento urbano, la movilidad, infraestructura y el acceso a la vivienda, también aprovechar suelo y reducir la expansión periférica.
Una de las propuestas es crear un impuesto al “desperdicio urbano”, adicional al predial, para terrenos ubicados en zonas que ya cuentan con servicios e infraestructura. Se cobraría por predios vacíos, construcciones abandonadas o en ruinas y propiedades consideradas poco aprovechadas. Entre los criterios están que la superficie total construida sea inferior a una cuarta parte del terreno o que la edificación valga menos de la mitad que el suelo.
Plan metropolitano abre debate por impuesto a baldíos y su uso obligado
- El Dato: El PAN capitalino anunció que invitará al titular de Metrópoli, Enrique Irazoque, a una reunión para explicar los alcances del programa y atender dudas sobre posibles efectos.El proyecto propone una tasa de al menos uno por ciento, con ajustes según el tamaño. Sin embargo, el cobro no sería automático: requeriría cambios en las leyes fiscales locales y estudios para determinar dónde aplicarlo, qué excepciones habría y cómo introducirlo de manera gradual.
También se plantea identificar zonas donde sea prioritario construir y dar a los propietarios entre dos y cuatro años para hacerlo. Si no cumplen, sus terrenos podrían venderse obligatoriamente mediante una subasta pública, con una compensación económica. Para aplicar esta medida, tendrían que modificarse las leyes urbanas de las cuatro entidades.
Respecto al predial, se propone actualizar el valor que las autoridades asignan a los inmuebles para acercarlo a su precio de mercado y revisar las reglas con las que se calcula el impuesto. El documento no fija un aumento automático ni señala cuánto pagaría cada propietario.
Otra propuesta es la “zonificación flotante”, que permitiría autorizar ciertos usos o tipos de construcción sin definir desde el inicio dónde se ubicarían. Propietarios y desarrolladores podrían solicitarlos para terrenos con los requisitos. Cada petición tendría que ser evaluada por las autoridades, con participación ciudadana y opciones para impugnar la decisión.
Además, se busca que los desarrolladores aporten recursos cuando obtengan permiso para construir más o cambiar el uso de un terreno y eso aumente su valor. En las zonas destinadas a vivienda de interés social se propone limitar las superficies y los precios de venta para favorecer opciones más accesibles.
Estas medidas han generado polémica por los criterios para clasificar una propiedad como subutilizada, las cargas económicas para sus dueños y el margen de intervención de las autoridades.
Sedatu sostiene que el programa carece de atribuciones fiscales y recaudatorias y rechaza que permita rematar terrenos contra la voluntad de sus legítimos propietarios. El Gobierno capitalino también negó que su aplicación genere subastas o gravámenes sobre baldíos. El proyecto sigue en consulta y no crea por sí mismo impuestos ni sustituye las leyes o los programas locales de desarrollo urbano.
La académica Lucía Melgar advirtió que los mecanismos de aprovechamiento presionarían a propietarios de terrenos considerados improductivos y favorecer una mayor comercialización del territorio. Cuestionó las cargas fiscales, plazos de construcción y esquemas para aumentar densidades o cambiar usos de suelo.
“Un terreno vacío puede estar reservado para la construcción de una vivienda familiar, formar parte de una herencia sin resolver o representar el patrimonio de una persona que todavía no cuenta con recursos para edificar”, señaló.
Melgar pidió precisar cómo se evaluaría cada propiedad, qué excepciones existirían y cuáles serían las garantías para sus dueños. Cuestionó el alcance de la consulta y el riesgo de decidir el crecimiento urbano sin suficiente participación.
Diego Garrido López, vicecoordinador del PAN en el Congreso capitalino, vinculó la actualización catastral con un eventual aumento del predial. “Se te va al menos a duplicar, si no es que a triplicar lo que actualmente pagas bimestralmente o anualmente”, afirmó. Esta estimación ha sido rechazada por las autoridades.
Las inquietudes también llegaron a un foro de consulta ciudadano. Ramiro Dehesa Sánchez, vecino de Xochimilco, dijo a La Razón que unas 250 familias de la zona chinampera de Santa Rosa y Santiago Chililico temen afectaciones y llevan 27 años buscando regularizar sus asentamientos sin una solución.
“Los que vivimos aquí somos los que vamos a resultar afectados en territorio y en la parte económica”, sostuvo tras acudir con su familia para conocer el alcance del programa y expresar dudas sobre usos de suelo, actualización catastral y posibles cargas económicas.
Jaime Dehesa Sánchez expuso que su terreno tiene casi 500 metros cuadrados y su vivienda ocupa 100. Temió que esa proporción lo coloque en la categoría de subutilizado: “Me van a aplicar un impuesto mayor”, dijo. La eventual aplicación dependería de la zonificación, los polígonos y las reglas que se aprueben.
Dinora Domínguez, de Suma Urbana CDMX, cuestionó que desarrolladores puedan pagar por una mayor capacidad constructiva. “Puedes llegar como un desarrollador y decir: ahora quiero un uso de suelo donde voy a pagar al gobierno para hacer un edificio de 20, 30 pisos”, dijo.
Para las familias, la incertidumbre se suma a décadas de trámites: temen nuevas obligaciones sin resolver primero la situación jurídica de sus asentamientos.
La consulta concluye el 22 de noviembre en CDMX, Edomex y Morelos, y el 24 de octubre en Hidalgo.
Brugada pide no dejarse engañar por ‘predialazo’
| Por Claudia Arellano |
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rechazó que su administración aumente el impuesto predial y llamó a la población a no dejarse engañar ante versiones que circulan sobre posibles cambios en el cobro de este gravamen.
“Seré breve: La Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar”, publicó la mandataria en su cuenta de X.
El pronunciamiento ocurre luego de que legisladores de oposición advirtieran sobre posibles efectos fiscales del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).
- El tip: El dictamen de la ley catastral fue aprobado en lo general con 299 votos a favor y 92 en contra de oposición.
Entre los señalamientos de Acción Nacional se encuentran eventuales cambios en la valoración de los inmuebles, un supuesto impuesto por “desperdicio urbano” para predios subutilizados y mecanismos que, según su interpretación del documento, podrían derivar en la venta forzosa de terrenos.
Morena en la CDMX ha rechazado esas acusaciones y sostiene que el programa no crea impuestos, no autoriza expropiaciones ni faculta al gobierno para fijar el precio de venta de las viviendas.
La discusión también se desarrolla en el ámbito federal, después de que la Cámara de Diputados aprobó una ley para fortalecer y armonizar los catastros y registros públicos de la propiedad, cuyo objetivo es mejorar la coordinación y el intercambio de información entre autoridades.
No obstante, la actualización catastral y un eventual aumento del predial son asuntos distintos: el efecto sobre el impuesto depende de las disposiciones fiscales y las decisiones que correspondan a las autoridades competentes.
Con su mensaje, Brugada Molina fijó la postura de su administración frente a las versiones sobre un posible incremento. La controversia continuará en torno al alcance del programa metropolitano y a la interpretación de sus disposiciones por parte de autoridades, legisladores y habitantes de la zona.
Brugada pide no dejarse engañar por ‘predialazo’
