A nueve meses de mesas de trabajo, adecuaciones al inmueble y un acuerdo reparatorio con el Gobierno capitalino, las condiciones del Refugio Franciscano, A.C., volvieron a quedar bajo revisión judicial, luego de que el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó realizar inspecciones y dictámenes individuales a los 156 perros que regresaron al predio de Cuajimalpa, en un plazo de 24 horas. Activistas temen que, como en enero, se desalojen a los animales.
La resolución, derivada de un recurso de queja promovido por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, reactivó la disputa entre ambas organizaciones sobre las condiciones en las que permanecen los animales y la viabilidad de que continúen en el inmueble, pese a los trabajos realizados durante los últimos meses para permitir su regreso.
En entrevista con La Razón, Rafael Orantes, uno de los abogados del Refugio Franciscano, A.C., cuestionó que el nuevo procedimiento judicial no tome en cuenta los avances alcanzados durante las mesas de trabajo con las autoridades capitalinas, que derivaron en la firma de un acuerdo reparatorio.
“Es un atropello. Lo grave es que sienta un precedente muy grave y es que un Tribunal tome atribuciones de esta naturaleza cuando ni siquiera la misma fundación las pidió”, sostuvo.
- El Dato: Las instalaciones del Refugio Franciscano, A.C., sufrió actos vandálicos en agosto pasado, por lo cual los activistas tuvieron que rehacer algunas reparaciones.
El litigante explicó que el nuevo amparo fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, luego de que la fundación denunciara el supuesto ingreso irregular de 12 perros los días 3 y 4 de octubre.
Inicialmente, el juzgado había dispuesto que las autoridades llevaran a cabo labores de inspección y seguimiento a los animales; sin embargo, la organización promovió un recurso de queja que fue resuelto por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado.
- 936 Perros y gatos fueron retirados del refugio en enero
Entre las medidas ordenadas se encuentra la elaboración de un diagnóstico clínico individual de cada perro, con participación de personal médico-veterinario, etológico y sanitario, además de una revisión de las condiciones del inmueble y documentación fotográfica para entregar los resultados al juzgado.
La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, defendió la resolución en redes sociales y aseguró que las diligencias buscan garantizar el bienestar de los 156 perros que viven en el albergue.
- 45 Veterinarios atienden a los animalesen albergues
También advirtió que, si los dictámenes acreditan hacinamiento, insalubridad, negligencia médica o alguna situación que ponga en peligro la vida e integridad de los animales, el juez podrá ordenar su separación del entorno de riesgo y su reubicación.
Rafael Orantes sostuvo que la fundación omitió informar al juzgado sobre la existencia del acuerdo reparatorio alcanzado después de nueve meses de mesas de trabajo, en los que, afirmó, se realizaron adecuaciones y mejoras al refugio en beneficio de los animales.
La defensa acusó presuntas irregularidades en la distribución de los asuntos judiciales, pues aseguró que una circular del órgano de administración del Poder Judicial estableció que los amparos relacionados con los animales y el inmueble debían concentrarse en el Juzgado Sexto de Distrito y los recursos corresponderían a un tribunal colegiado específico.
- 87 De los 858 perros retirados del refugio fallecieron
Sin embargo, de acuerdo con la defensa del albergue canino señaló que este nuevo asunto fue atendido por el Juzgado Segundo y el Décimo Octavo Tribunal Colegiado, por lo que presentará quejas ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
Rafael Orantes además reconoció que existe temor de que las nuevas diligencias deriven en otro operativo para retirar a los perros, como ocurrió el 7 de enero y sostuvo que, si las autoridades reconocen las mejoras realizadas durante los nueve meses de trabajo y las condiciones que, según la defensa, ya fueron acreditadas, no habría razones para separarlos nuevamente del inmueble.
“Existe el temor, sí. Creemos que si las autoridades cumplen con lo que ya se tuvo y acreditan lo que ya se acreditó durante estos nueve meses, no habría una razón para que los saquen, pero sigue la duda de si la manipulación en los tribunales pueda derivar en otro operativo como el del 7 de enero”, afirmó.