Recortes, obligatorios ante una emergencia

El Gobierno de la Ciudad de México publicó cambios a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, en la que se formaliza la facultad de la Jefatura de Gobierno para aplicar reducciones al presupuesto de dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades en caso de una emergencia sanitaria o desastres naturales.

El documento, publicado en la Gaceta Oficial del 1 de octubre, también obliga a los Poderes Legislativo, Judicial y a los órganos autónomos a realizar adecuaciones a su presupuesto, para que, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, aprueben sus reducciones en un plazo que no rebase los 10 días naturales.

Si éstos no hacen las adecuaciones a sus presupuestos o no resultan suficientes, “la persona titular de la Jefatura de Gobierno enviará al Congreso local la iniciativa con el monto a reducir en el Decreto de Presupuesto de Egresos, para que, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, para modificar el presupuesto”, dice el artículo 23 BIS.

Y en caso de que la Comisión en cuestión no emitiera el dictamen correspondiente a la iniciativa enviada por el Gobierno central, ésta deberá presentarse en el pleno para su discusión y análisis en los términos como fue presentada, es decir, sin ningún cambio por parte de los legisladores.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Administración y Finanzas local, correspondiente al segundo trimestre del año, los órganos autónomos han sido los que menor disposición tuvieron para reducir su presupuesto programable y redirigir recursos a la atención de la pandemia de Covid-19. Lo mismo ocurrió con el Poder Judicial.

Del Poder Legislativo, Tribunal y órganos autónomos, los ajustes promovidos en su conjunto suman apenas 1 por ciento del presupuesto programable que les fue aprobado este año.

La nueva ley también modifica al artículo 95, referente a los viajes al extranjero de funcionarios con el uso de recursos públicos. En ese sentido, apunta que la persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá ausentarse del territorio nacional hasta por siete días y deberá informar previamente al Congreso local los motivos de la ausencia.

Entre otros cambios, también modifica el artículo 47, para que el proyecto de Presupuesto de Egresos incluya anexos donde se especifiquen los presupuestos enfocados a las actividades institucionales con perspectiva de género, derechos humanos y en atención a niñas, niños y adolescentes.