Alcances y limitaciones de una reforma política

Otto Granados

Don Jesús Reyes Heroles solía alertar contra la tendencia a sobredimensionar las bondades de una reforma política: ésta, decía, “no puede suplir la configuración que una sociedad tenga en el ámbito político. Ayuda o puede ayudar a que se mejoren los aspectos políticos de la sociedad, mas no le da a ésta aquello de lo que carece. Es instrumento para el progreso, pero no es en sí el progreso político”.

El problema es que, al menos en las últimas décadas, en México se ha pensado que, independientemente de su diseño conceptual y sus contenidos, lo que es otra discusión, hacer la “reforma política” es condición suficiente para alcanzar todos los demás bienes públicos, y eso, como muestra la evidencia mexicana e internacional, es relativo, y hay que estar conscientes de ello para, cuando se produzca la que viene, no experimentar reacciones, como en el pasado con la democracia, que lleven al desencanto y a reformas interminables.

Que el régimen político mexicano no es un ejemplo de perfección, cierto; que presenta disfunciones, también; que sería muy útil rediseñar algunos de sus componentes para asegurar la formación de mayorías estables y una negociación ejecutivo-legislativo eficiente, de acuerdo; que es necesario elevar los niveles de pulcritud en las elecciones locales, por supuesto. Esos son los alcances realistas de una nueva reforma política.

Pero calcular que de dicha reforma surgirá un cambio de régimen o de sistema o, más aún, de la forma como se hace política en México, se ve más complicado. Esa es su limitación.

Para empezar, a diferencia de otros países, México no vivió durante el PRI un régimen equiparable a los de Europa del Este o la España de Franco; tampoco crisis de secesión como Bélgica, de federalismo exacerbado como Canadá o de modelo autonómico como ahora pasa en España que exigen un diseño político que mantenga la capacidad de formar gobiernos y conservar la integridad territorial; menos aún una transición plagada de elementos étnicos, culturales o lingüisticos muy complejos como en Sudáfrica.

Por lo tanto, la transición mexicana o, al menos, la alternancia electoral, se produjo sobre reformas puntuales que ya existían o que se hicieron poco después, pero que jamás configuraron, dicho así, una reforma política definitiva, entre otras razones porque, eventualmente, no se necesitó.

Que ahora parezcan aconsejables nuevos cambios para modernizar las reglas del juego político, suena bien, pero no está claro si de ellos podrá desprenderse, en un sentido radical e integral, un cambio de régimen o de sistema.

Más aún: como lo mostró hace años T. J Pempel ( Democracias diferentes , FCE, 1991) las imperfecciones de régimen político son consustanciales a los países y no son incompatibles con otros bienes o metas como el crecimiento, una aceptable cultura política, elecciones libres o alta institucionalidad.

Una buena reforma política puede mejorar las condiciones de gobernabilidad, competencia y profesionalismo políticos. Pero nada más y con eso es suficiente.

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