Democracia para todos... es ¡todos!

Desde el primer minuto del pasado 1 de julio todo se respiró diferente, ¡todo! El ambiente de triunfo y el de derrota desde sus respectivas sedes. Se antojaba difícil un margen para los errores y más para las sorpresas.

Quienes estuvimos informando para algún medio el minuto a minuto de la jornada electoral nos mantuvimos en una suerte de “alerta sísmica” sin pausa, con el micrófono en una mano y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la otra.

Además de la participación sin precedentes, que tuvo lugar desde las primeras horas, vivimos una rigurosa observación profesional, nacional e internacional, que esta vez estrenó una perspectiva de Derechos Humanos.

En esta columna, desde diciembre de 2015, he dedicado no pocas líneas a una batalla ganada, que hasta hace poco se hubiera antojado imposible: el voto de la comunidad trans, que fue reconocido hasta 2017 como un derecho por el Instituto Nacional Electoral.

Fue en diciembre pasado que la autoridad electoral aprobó el protocolo para que las y los ciudadanos travestis, transgénero y transexuales pudieran llegar a las urnas sin verse vulnerados en sus derechos por funcionarios de casilla, autoridades o partidos.

En México se sentó un precedente al ser la primera vez a nivel mundial que se implementa un protocolo de esta naturaleza, gracias a la asistencia y presión de muchas organizaciones civiles que centraron sus esfuerzos en la defensa de los derechos de estas comunidades.

El gran reto del árbitro electoral no era sólo aprobar este voto, sino capacitar y conseguir sensibilizar por encima de la ignorancia y muchos prejuicios a 1.4 millones de funcionarios de casilla, que esta vez no podían, de manera subjetiva, impedir el libre voto de las personas trans.

Este protocolo permitió que al momento de ir a votar, todos fuéramos mexicanos iguales, ejerciendo el mismo derecho a decidir.

[caption id="attachment_766442" align="aligncenter" width="1417"] En la elección del 1 de julio participaron cerca de tres mil travestis, transgénero y transexuales, según la Organización Fuerza Ciudadana A.C.[/caption]

De acuerdo con encuestas de salida de observatorios tan serios como la Organización Fuerza Ciudadana A.C., fueron alrededor de tres mil personas travestis, transgénero y transexuales las que votaron el domingo pasado.  Según datos del INE, entre abril de 2015 y abril de 2018, seis mil 222 personas transexuales solicitaron cambio de nombre y sexo en sus credenciales para votar, lo que representaría cerca de un 50% de este grupo.

Este es un mensaje importantísimo de respeto institucional a una comunidad que ha sido incansablemente discriminada y que en las elecciones del domingo pasado pudo salir a votar en igualdad de condiciones.

Ojalá que con esto se construyan los escalones que faltan para su reconocimiento legal en todas las entidades del país.

Otro cambio digno de subrayar son las nuevas condiciones con que las personas con discapacidad también pudieron ejercer su voto, por ejemplo, con el nuevo voto en braille, cuyas plantillas, en esta ocasión, funcionaron correctamente y con lo que las personas con discapacidad visual ya no necesitaron del apoyo de terceros para sufragar.

Mismo caso con aquellos que se acercaron en silla de ruedas o con síndrome de down y fueron recibidos por funcionarios de casilla, que esta vez mostraron una mayor información y sensibilidad ante sus condiciones.

En México se calcula que unos 7.6 millones de personas (cerca del 6 por ciento de la población) tiene alguna discapacidad y de los cuales entre 2013 y 2018 hicieron más de 453 mil trámites ante el INE para poder estar en la lista nominal.

Recordemos que en 2012, para la elección presidencial, el derecho al voto de personas con discapacidad dependía del criterio subjetivo de los funcionarios de casilla, quienes tenían la atribución de negarles una boleta a las personas “privadas de sus facultades mentales”, porque así lo señalaba el manual electoral.

Hasta que una larga batalla legal emprendida por un joven de 22 años con parálisis cerebral y con el apoyo de su familia logró que el Instituto Nacional Electoral eliminara esta “prohibición” por considerarla discriminatoria.

Así, la elección del pasado 1 de julio no sólo fue la más grande, sino también la más incluyente de nuestra historia, con signos realmente vitales para esta sociedad mexicana que todavía tiene mucho qué superar con respecto a la deuda social, moral y cívica que tiene con  sus grupos vulnerables.