El dilema del gasto tributario
José Manuel Herrera.
México debe reducir de manera importante al amplio número de gastos fiscales si desea fortalecer la recaudación, propuso la Cepal; sin embargo, los renglones más costosos son los más sensibles, social y políticamente.
El viernes destacamos en este espacio el análisis que realizó la Cepal, donde demuestra que la mejor medida para aumentar la recaudación tributaria es la aplicación generalizada del IVA a medicinas y alimentos; sin embargo, sin una compensación efectiva, también es la mejor manera de generar más pobreza.
Este estudio se presentó a media semana en el seminario internacional sobre Política Tributaria: desafíos y tendencias, convocado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, donde también participó la mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, quien insistió en que los tratamientos fiscales especiales le cuestan a México una recaudación equivalente al 6.0% del PIB. Tener tantos tratamientos fiscales especiales, agregó, resulta injusto para la población y su desarrollo.
Por tratamientos fiscales especiales Alicia Bárcena se refiere al llamado Presupuesto de Gastos Fiscales (o tributarios), que son los montos que el erario fiscal deja de recaudar por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones, tratamientos y regímenes especiales, que se encuentran establecidos en las distintas leyes tributarias.
Según Hacienda (aunque la suma es nuestra), para el 2013 se estima un gasto tributario por 678 mil 350 millones de pesos. Dentro de los renglones más costosos se encuentran: 1) Precisamente las pérdidas que genera la tasa cero del IVA en alimentos (157 mil millones de pesos); 2) las exenciones en ISR por previsión social, cajas y fondos de ahorro, retiros por desempleo en el SAR, jubilaciones y pensiones, así las primas vacacionales y aguinaldos (104 mil millones de pesos); 3) los diferimientos en el ISR empresarial por la deducción de inversiones productivas y las aportaciones a los fondos de pensiones (68 mil millones), y 4) el subsidio para el empleo (32 mil millones de pesos).
Eliminarlos, por supuesto, significará un costo en el bienestar de los trabajadores y uno político para los partidos que lo aprueben.
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