El hambre y el derecho a la alimentación

Luis Raúl González Pérez

El escritor y periodista argentino Martín Caparrós publicó hace algunas semanas un libro titulado El Hambre (Editorial Planeta, 2014). En su obra menciona que 25,000 personas mueren diariamente en el mundo a consecuencia del hambre y las enfermedades relacionadas con la desnutrición, esto es, más de nueve millones cada año.

En el libro se incluyen las crónicas que el autor recabó durante sus viajes a diversos países, donde el común denominador fue que parte de la población no cuenta con los alimentos suficientes, y donde se ponen de manifiesto las consecuencias físicas y de muy distinto tipo que esta carencia genera en los individuos.

Cabe recordar que el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad —que el Estado debe garantizar— fue reconocido recientemente en el artículo cuarto, párrafo tercero de nuestra Constitución, además de encontrarse en el artículo 11.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por lo que se refiere a ese instrumento internacional, en el mismo se menciona que los estados reconocen el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre, por lo que se deben adoptar medidas adecuadas para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos, entre otras cuestiones.

La Observación General 12 del Comité de Naciones Unidas sobre esta temática, menciona que el derecho a una alimentación adecuada está vinculado a la dignidad de toda persona, es indispensable para el disfrute de otros derechos, y resulta inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute universal de los derechos humanos.

También señala que si bien los problemas del hambre y la desnutrición suelen ser especialmente agudos en los países en desarrollo, también se presentan en algunos de los países económicamente más desarrollados, por lo que las raíces del problema del hambre muchas veces no están en la falta de alimento, sino en las escasas posibilidades de acceso a los alimentos disponibles por parte de grandes segmentos de la población, entre otras razones, a causa de la pobreza.

Sobre lo anterior, el Informe final del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, dado a conocer a principios de 2014, menciona como parte de las estrategias nacionales que deben adoptarse para combatir este problema, las de apoyar la capacidad de los productores de alimentos en pequeña escala, mejorar las oportunidades de empleo en todos los sectores y fortalecer la protección social.

En nuestro país existen esfuerzos importantes para garantizar este derecho, como la puesta en marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre que tiene como objetivo llevar alimentos a la población más vulnerable del país, con la participación de la sociedad civil organizada; sin embargo, el reto sigue siendo inmenso y requiere de políticas públicas sostenidas que busquen una más equitativa distribución de la riqueza.

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