El risueño Duarte y la ley

AMLO-Peña Nieto
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Con Javier Duarte terminó por pasar lo que se veía venir. Quizá no fueron casuales sus irónicas sonrisas durante las audiencias en Guatemala; hasta se atrevió a pedir un Uber y, según se dice, tuvo una actitud displicente y soberbia en el juicio de la semana pasada, en el que le dictaron sentencia y una singular multa.

Todas la piezas del rompecabezas que componen su caso se fueron acomodando como se preveía; lo único que ahora falta es lo que corresponde a su esposa, Karime Macías. En las investigaciones, basadas en los testimonios de gente cercana al exmandatario de Veracruz, se dice que dentro de todo el andamiaje de corrupción que se construyó, la señora es pieza clave. Ella decidía, aunque ahora se ande paseando en el metro de Londres.

La crítica y el encono que ha provocado la sentencia y multa tiene su razón de ser y también un fundamento legal. Desde 2008 se creó una serie de reformas al sistema penal, las cuales han ido aplicándose paso a paso. El proceso ha sido largo y, en muchas ocasiones, farragoso. Ha tenido buenos y malos momentos, pero, por lo que pasó con Duarte, existe la necesidad de revisarlo.

El proceso parte de un largo análisis de las condiciones del sistema de justicia. No había que darle muchas vueltas al tema para saber que existe un cúmulo de irregularidades que indistintamente pasan por la corrupción, la burocracia, la impunidad; y sume a esta lista las muchas experiencias ciudadanas que hemos vivido y padecido ante el mismo.

Es una paradoja la que se esta presentando. Se crea un nuevo orden en los aparatos de justicia nacional para modernizarlo y para terminar con todas la irregularidades que lo componen y lo definen. En medio de esto, resulta que un personaje como Javier Duarte se ve beneficiado de los cambios que, lo que pretenden, es ir de forma precisa y directa en contra de aquellos que violen la ley. Se intenta, además, depurar los procesos.

Por todo este nuevo andamiaje se coló Duarte, con la colaboración de la PGR. No olvidemos que, junto con un buen número de denuncias, algunas de ellas basadas en fundados trabajos de investigación periodísticos, se fue armando el proceso. La PGR estuvo, de manera paralela, reportando y filtrando información sobre Duarte.

La Procuraduría tenía todo el caso en sus manos; por ello suenan huecas las declaraciones de funcionarios de la dependencia en torno a la sentencia.

Estamos en los terrenos de que, nos guste o no, “la ley es igual para todos”. Lo que hizo Duarte, junto con sus avezados abogados, fue darle vuelta a la ley para que la sentencia le fuera lo más favorable posible.

Duarte se declaró culpable de los delitos que le imputan. Quiere decir que el exgobernador asume en definitiva que durante su ejercicio del poder violó descaradamente la ley. La sentencia suena ante esto menor. La PGR, todo indica, hizo parcialmente sus tareas. La ley es menos responsable de lo que se le quiere hacer ver; hay quienes no hicieron su deberes.

Es entendible la indignación ante la sentencia del juez. Javier Duarte es, ante la opinión pública, y con toda razón, una de las caras más oprobiosas y lamentables de la corrupción. Es la manifestación, además, de un cinismo rampante, a lo que se suma la infinidad de especulaciones de lo que pudo haber sido la relación del exgobernador con diferentes áreas del Gobierno federal y del mismísimo PRI.

Sin embargo, más que estar ante un dilema o una especulación sobre lo que determinó el juzgador, tenemos que identificar que este caso forma parte del proceso de aplicación de las nuevas reglas del sistema penal acusatorio.

Como lo hemos venido diciendo, por ahí se coló el personaje, de la mano de una PGR ligera.

RESQUICIOS.

Tiene razón Graco Ramírez por ausentarse en la toma de posesión de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos. El tiempo evaluará al exmandatario, no los bajos insultos que le endilgan a él y a sus funcionarios.