Haber de retiro

David López Cárdenas

La aprobación de las leyes secundarias que dan cuerpo a la reforma político electoral trajo consigo la discusión de un tema que no es nuevo en México y que se refiere a los emolumentos de los que son sujetos los altos funcionarios públicos, aún después de concluir sus encargos.

La reforma del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que prevé una gratificación económica jubilatoria para los magistrados del Tribunal Electoral, desató una vez más la controversia sobre la pertinencia de otorgar haberes de retiro a servidores públicos de alto nivel.

En este supuesto se encuentran por ejemplo, los ex presidentes de la República, quienes mensualmente reciben una retribución económica y en especie como muestra de solidaridad por las responsabilidades y riesgos asumidos durante sus mandatos.

Si entendemos a los haberes como un derecho que nace por los aportes efectuados en el ejercicio de una función, entonces estas gratificaciones, aunque cuestionadas, parecen tener sentido para un ex mandatario.

No así para otros funcionarios como ministros de la Suprema Corte o en este caso, magistrados del Tribunal Electoral, que si bien desarrollan una actividad de suma importancia en la conservación de la estabilidad social a través del Estado de derecho, su función es bastante bien remunerada como para que, aún en retiro, conserven esa prerrogativa.

Tiene sentido que estos funcionarios jurisdiccionales ostenten sueldos considerables pues ello, en cierta forma, garantiza la independencia de los tribunales que tienen a su cargo. Sin embargo, una vez concluida su encomienda, sería de suponerse que cuentan con recursos suficientes para mantener su estatus, sin que sea necesaria una dádiva perenne.

Si a esto le agregamos que, una vez que dejan sus funciones, su capacidad de decisión y rango de actuación se reducen a un adorno curricular, entonces la justificación de un haber de retiro pierde fuerza en un país que lucha por erradicar la pobreza.

Las expresiones de inconformidad en relación a este tema son válidas y las muestras de sensibilidad de los legisladores son obligatorias, aun cuando los magistrados favorecidos ya rechazaron el beneficio que les había sido otorgado.

De cualquier forma, la postura de indignación asumida por dichos magistrados tampoco parece ser la actitud más sensata si consideramos que la decisión de rechazar su fondo de retiro no fue espontánea sino más bien, motivada por la recriminación social.

 PUNTO FINAL. Si los derrotados calderonistas que encabezó Ernesto Cordero durante la interna panista esperaban que su presidente nacional, Gustavo Madero, comenzara la cicatrización entre grupos negociando las posiciones más importantes del PAN opositor, se equivocaron otra vez.

Ayer, durante la ceremonia en la que el chihuahuense rindió protesta como presidente nacional del albiazul, anunció que ratificará a ambos coordinadores parlamentarios.

Sin duda, una ingenuidad pensar que el nuevo líder compartiría con su grupo antagónico la interlocución con el gobierno.