“Hambre y sed de justicia”

Renato Sales H.

El foro sobre seguridad y justicia que organiza la Red nacional a favor de los juicios orales y el debido proceso, se ha constituido en un referente para evaluar los avances del país en materia de la implementación de la reforma penal: Los progresos —hasta ahora escasos— de la gran modificación del sistema que se plasmó en junio del 2008.

El foro, que integra a políticos, académicos y líderes de opinión, concentró los esfuerzos de este año en la gran posibilidad que implica la viabilidad de los códigos únicos. Instrumentos indispensables para evitar la balcanización de la reforma penal.

Leía, hace poco, el bello discurso que pronunció Justo Sierra en 1893. Vive idéntico el reclamo en nuestra sociedad: “Soy yo quien hace algunos meses dijo que el pueblo mexicano tenía hambre y sed de justicia; todo aquel que tenga el honor de disponer de una pluma, de una tribuna o de una cátedra, tiene la obligación de consultar la salud de la sociedad en que vive; y yo, cumpliendo con este deber, en esta sociedad, que tiene en su base una masa pasiva, que tiene en su cima un grupo de ambiciosos y de inquietos, en el bueno y en el mal sentido de la palabra he creído que podría resumirse su mal íntimo en estas palabras tomadas del predicador de la montaña: ‘hambre y sed de justicia’”.

Justo Sierra decía, además, que buena parte de los mexicanos vivían sin derechos: “Hay cuatro quintas partes de mexicanos que son parias en su propio suelo… esto quiere decir que hay cuatro quintas partes de mexicanos que no tienen derechos: quiere decir que una gran masa de la población mexicana no ha encontrado justicia todavía…”.

¿Ha cambiado nuestro país, en lo sustancial, de ese discurso a la fecha?

El sistema de justicia que aún padecemos, en la mayor parte del país, deriva, directamente, de lo peor de la Colonia española. México es el país de Latinoamérica que carga, mucho más que otros, el fardo de su herencia colonial, del “obedézcase pero no se cumpla”, la losa de las corruptelas que iniciaban con la venta de los cargos públicos. En ese contexto, el sistema penal no era sino un apéndice más del enorme aparato de opresión y dominio que caracterizó a la corona.

Urge, por ello, un instrumento que agilice la supresión del sistema mixto de proceso penal, que reproduce las notas de la investigación inquisitorial.

Los pasos para la consecución de ese instrumento comienzan a lograrse:

Ya el Senado de la República consideró que es pertinente modificar el artículo 73 de la Constitución para dotar al Congreso de la facultad de emitir una ley general en materia penal, y de unificar el código adjetivo, para obtener, entre otros, los siguientes beneficios. Una adecuada sistematización y homogeneidad de criterios legislativos. Condiciones adecuadas para la construcción de una política criminal coherente, articulada e integral.

Una mayor y mejor coordinación entre las instancias encargadas de la procuración de justicia. Mayor certeza para el gobernado respecto a cuáles son las normas penales de naturaleza adjetiva a observar en todo el país.

Una disminución en los índices de corrupción e impunidad, al existir menores resquicios legales con relación a la actual dispersión de normas.

Criterios judiciales más homogéneos; y pleno respeto al sistema federal al permitir que las entidades federativas y el Distrito Federal expidan su propia legislación penal sustantiva, de conformidad con las bases que se establezcan en materia penal.

Y el código único está en camino: La fundación México SOS que encabezan Alejandro Martí y Orlando Camacho, reunió la experiencia de académicos, magistrados, jueces y agentes del Ministerio Público para lograr una iniciativa de código procesal para toda la República. El 30 de abril la senadora Arely Gómez lo presentó como iniciativa en el Senado.

Es, sin duda, un gran avance. Se le conoce, hoy, como “El código de la red”. Urge. Para conjurar, de alguna forma, ese mal íntimo: el hambre y la sed de justicia que seguimos padeciendo los mexicanos.

rensal63@hotmail.com