La dictadura inconstitucional

Históricamente, el autoritarismo latinoamericano ha seguido la tendencia a crear dictaduras constitucionales, que justifican la concentración del poder en un partido o una persona, por razones de seguridad nacional, paz interna u orden social. Fue así en el siglo XIX, con liberales como Porfirio Díaz o conservadores como Gabriel García Moreno. Y fue también así, antes o después de la Guerra Fría, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano o las múltiples dictaduras militares que devastaron la región.

Si algo distinguió a los regímenes neopopulistas del bloque bolivariano en la primera década del siglo XXI fue su constante apelación al texto fundacional de la Constitución. En Venezuela, Ecuador o Bolivia, los elementos más autoritarios del régimen —reelección indefinida, culto a la personalidad, estado de excepción, control de medios de comunicación…— siempre se justificaron constitucionalmente, como parte de un rebasamiento de los límites de la democracia representativa tradicional.

La invalidación del referéndum revocatorio, por el poder judicial venezolano, subordinado al gobierno de Nicolás Maduro, con el subterfugio de “fraude” en los listados de decenas de miles de ciudadanos, es la más clara señal de que, en Venezuela, la dictadura entra en su fase inconstitucional. Como las instancias que podrían calificar esa inconstitucionalidad pertenecen a una Corte Suprema leal al régimen, no hay instituto capacitado para velar por el cumplimiento del orden constitucional.

Al negar el derecho popular a la revocación del mandato, la persistencia de Maduro en el poder viola los mecanismos de democracia directa que la Constitución chavista de 1999 aseguraba a los venezolanos. Es natural que la primera reacción de la Asamblea Nacional fuera tratar de activar un recurso de juicio político contra el mandatario. Pero esa iniciativa parece condenada al fracaso porque su propio estatuto constitucional es frágil y porque el parlamento, en Venezuela, cumple una función testimonial desde que el poder ejecutivo lo consideró ilegítimo.

En Venezuela no sólo no hay división de poderes sino que hay una guerra política declarada entre dos poderes –el ejecutivo y el judicial- contra el otro, el de la representación soberana. Violada la Constitución e incapacitados para armar alguna resistencia parlamentaria a la arbitrariedad del gobierno, muchos opositores piensan, inevitablemente, que la única salida que queda es la movilización callejera. Siempre hemos sostenido, en esta columna, que esa vía es la más peligrosa porque es la que más fácilmente puede incubar una guerra civil.

Pero, ¿qué más puede hacer la oposición venezolana por la vía institucional? Las leyes de la Asamblea Nacional no valen, los artículos de la Constitución tampoco, hasta los derechos de movimiento de quienes buscan una salida democrática comienzan a ser negados. El régimen venezolano era ya una dictadura desde que Nicolás Maduro desconoció el poder legislativo legítimo, votado por la mayoría del país. Ahora es algo más grave: una dictadura inconstitucional.

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