Las trastadas de Obrador no son corrupción

LOS BAZUCAZOS DE UBALDO

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A las acusaciones de corrupción que han hecho Ricardo Anaya y José Antonio Meade a López Obrador, este no da ninguna importancia y como siempre hace el tabasqueño, esos mensajes los mete al saco de la guerra sucia y señala que los casos de las facturas de la senadora Layda Sansores; los contratos directos a José María Rioboó, y la supuesta relación de Javier Jiménez Espriú con Odebrecht, solo forman parte de la guerra sucia.

Sí, es una empresa de la familia, no tiene nada que ver con Odebrecht; esa es una calumnia de Meade; está muy desesperado, es igual de mentiroso que Ricardo Anaya, sostiene López Obrador. No presenta pruebas, pero todo lo descalifica.

Cuando se le preguntó acerca de las facturas de electrodomésticos; maquillaje; pijamas; vestidos de diseñador y hasta donas y tintes para el cabello que endosó la senadora Layda Sansores al Senado de la República, enfatizó que también se trata de una campaña de guerra sucia en su contra. “Es una guerra sucia, están desesperados, siguen las llamadas telefónicas a todas diciendo de que somos un peligro para México, pero ya la gente no les cree nada”, añadió.

Respecto a los contratos directos que le asignó cuando fue Jefe de Gobierno del DF, a su asesor y empresario, José María Rioboó, para la construcción de los segundos pisos de periférico, López Obrador insistió en que no hubo ningún acto de corrupción.

Mientras que Ricardo Anaya exigió que se rindan cuentas de las asignaciones directas de contratos que otorgó al ingeniero José María Rioboó en el Distrito Federal.

Nos comentaba un consultor de una empresa, que él personalmente fue testigo de la cantidad de contratos que otorgó la administración de López Obrador y que muchas de ellas con un sobre precio que nunca entendieron. Además, el mismo consultor tuvo conocimiento de la participación de Rioboó en el nuevo aeropuerto de la ciudad de México y al perder la licitación se fue con el tabasqueño y le presentó otro proyecto en el viejo aeródromo de San Lucia. O sea, estaba ardido por perder el contrato de mil millones de pesos.

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Aunque aún faltan más de dos semanas para las elecciones y que se realice la justa electoral, Andrés Manuel López Obrador ya está ubicando a quienes encabezarán el grupo de opositores al gobierno que podría encabezar. El tabasqueño ha sostenido que en ese grupo hay intelectuales, empresarios, políticos, que seguramente le harán duros cuestionamientos y lo tendrán bien fiscalizado a él y a su equipo más cercano.

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los presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y el independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco” parece no importarles y menos a la autoridad federal de PGR y al propio INE de Lorenzo Córdova y sus ineficaces consejeros, la intensidad de la violencia en contra del candidato a diferentes puestos de elección popular, pues en todos los casos expresan sus condolencias y reprueban los actos, y adiós. Nada más.

Hechos violentos y el vacío e incapacidad de la autoridad, provocó incluso la renuncia, en Guerrero, de once candidatos a presidencias municipales por carecer de las condiciones mínimas para hacer campaña. Que ahí, donde competían, mandan los narcos. Qué la autoridad no lo sabe, porque parece que no le importa y no hace nada para frenar esta cadena de atentados políticos y algunos porque fueron cometidos por narcos.

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A menos de dos semanas de las elecciones, el PRI busca retener la gubernatura de Yucatán, que gobierna con Rolando Zapata, mientras que Chiapas sin duda va que vuela para Rutilio Escandón de Morena, al igual que Morelos con Cuauhtémoc Blanco, y tal vez Tabasco con Adán Augusto que se ve apretado contra el PRD-PAN y MC de Gerardo Gaudiano y la priista, Georgina Trujillo.

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La candidata de Morena a la gubernatura de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum es la responsable de la muerte de 26 personas del Colegio Rébsamen, por omisión y corrupción, así nos lo comenta la Barra de Abogados. El abogado Julio C. Gutiérrez dijo que de llega a ser Jefa de Gobierno, la delegada de Tlalpan enfrentaría un juicio, ya que el caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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