Lo prometido es ¿deuda?

Otto Granados

El análisis del endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales suele detenerse exclusivamente en su monto y, en ocasiones, en la opacidad de su ejercicio. Pero el asunto es más complejo y entenderlo requiere descomponerlo en distintas dimensiones.

La más obvia, desde luego, es que la deuda de los gobiernos subnacionales ha aumentado notablemente: según la SHCP, en 1994, por ejemplo, sus obligaciones financieras eran de casi 27 mil millones de pesos (mmdp) y ahora son de poco más de 436 mmdp. En 2001 representaban, en promedio, 1.7 por ciento del PIB por entidad federativa y hoy, el 2.7 por ciento; y en el mismo lapso dicha deuda pasó de significar el 50 por ciento de las participaciones fiscales que reciben al 81.5 por ciento.

Que un jefe de familia, una empresa o un gobierno recurran al crédito es perfectamente normal pues es un instrumento de desarrollo. Lo que es menos normal es no saber cuál fue la justificación precisa para usar ese financiamiento y cuál ha sido su rentabilidad. Es decir, para poner un caso real, si el estado A debía hace diez años unos 8 mmdp y hoy 48 mmdp, sería deseable conocer exactamente en qué se gastó esa plata o cómo impactó en el crecimiento económico local y el ingreso de las personas. Dicho de otra forma: no es el monto, es la eficiencia con que se aplicó ese dinero.

El segundo problema es que, no obstante las reformas a la legislación en materia de Coordinación Fiscal o Contabilidad Gubernamental, probablemente existe un subregistro en el nivel de endeudamiento conocido porque no se incluyen otros pasivos como, por ejemplo, los adeudos con proveedores, generalmente muy relevantes, o los préstamos quirografarios de corto plazo, que no requieren garantías y por ende no se reportan a la autoridad hacendaria, para saldar obligaciones temporales (tipo aguinaldos) o, incluso, para servir los intereses de deuda contraída previamente.

El tercer aspecto es doble. Por un lado, parece urgente introducir nuevas reglas a fin de que los bancos midan de manera más escrupulosa el nivel de riesgo que asumen en función de la verdadera capacidad de pago de un gobierno subnacional y no solo de la calificación crediticia, las relaciones políticas o, peor aún, confiados en la expectativa de que el gobierno federal será el salvavidas de última instancia.

Y por otro, es urgente evaluar, como lo haría cualquier empresa, si la contratación de deuda que hacen estados y municipios es la mejor en términos de plazos, comisiones, tipo de crédito, tasas y acreedores, e informar con detalle —y públicamente— por qué se trabaja con una determinada institución financiera o bancaria y no con otra.

Finalmente, sigue siendo una gran interrogante explicar cómo, si estados y municipios, de acuerdo con los indicadores comúnmente aceptados, reciben más transferencias federales y más financiamiento, sus grados de crecimiento, competitividad o desarrollo social no muestran variaciones sustanciales.

En este universo, según se ve, lo prometido se convirtió literalmente en deuda.

og1956@gmail.com