Los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Luis Raúl González Pérez

En México existen grandes rezagos en la protección de los derechos de los menores de edad. Los abusos y la discriminación en sus diversas manifestaciones constituyen algunas formas de maltrato que día con día se cometen contra niñas, niños y adolescentes, y que vulneran los compromisos establecidos en la legislación nacional e internacional de los derechos humanos.

El hacinamiento y la violencia que sufren en algunos albergues que deberían cuidarlos, así como el drama de los menores migrantes no acompañados que transitan por el territorio nacional, son algunos ejemplos recientes que evidencian la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y que obligan a la puesta en marcha de estrategias legislativas y de política pública dirigidas, precisamente, a reconocer y proteger sus derechos de manera efectiva.

En tal sentido, la iniciativa preferente de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que el Presidente de la República envió hace unos días al Congreso, constituye un elemento fundamental que abonará en la protección de sus derechos y en la consolidación del marco legal de nuestro país en esta materia.

Con el objetivo de que el dictamen incluya los estándares más elevados de los derechos humanos, es necesario que se tomen en cuenta algunos aspectos que ya han sido advertidos por algunas senadoras y senadores, así como por expertos nacionales e internacionales en la materia cuyas aportaciones y sugerencias serán importantes para mejorar la iniciativa.

Algunas de estas sugerencias consisten en fortalecer los derechos de los menores migrantes, la participación, la no discriminación y la libertad de expresión de las niñas, niños y adolescentes, y se favorezca la cooperación y coordinación del Estado con la sociedad civil. También se ha sugerido clarificar las funciones, las atribuciones y el presupuesto que tendrán las autoridades del Estado responsables de su implementación.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de sustituir las prácticas asistencialistas por el reconocimiento y protección de los derechos humanos, y garantizar aquellos relacionados con los menores con algún tipo de discapacidad, como la igualdad y la educación inclusiva.

Con independencia de lo anterior, debe señalarse que el éxito de la Ley dependerá de las acciones y políticas públicas que de manera paralela se pongan en marcha por todas las autoridades involucradas, con el acompañamiento permanente de la sociedad civil organizada.

Algunas de esas acciones tienen que ver con la supervisión permanente de los albergues y centros de atención infantil, la implementación de alternativas a la detención de los menores migrantes, el cumplimiento efectivo de las recomendaciones y sentencias que sobre esta materia han emitido los organismos y tribunales internacionales, así como con la creación de un censo nacional de las niñas y niños con algún tipo de discapacidad, entre otras.

Tanto la Ley como las políticas públicas encaminadas a la protección de las niñas, niños y adolescentes serán fundamentales para hacer efectivos sus derechos humanos en todo el país.

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