Los otros muertos
Julián Andrade
Lo que ocurrió en Tanhuato, en el rancho El Sol, donde murieron 42 civiles y un oficial de la Policía Federal, es la cresta de una ola terrible.
El saldo de muertos sin duda traerá un fuerte debate sobre las estrategias de seguridad, pero vale la pena reflexionar, dentro de un contexto todavía más amplio, sobre lo que está ocurriendo en los límites de Jalisco y Michoacán.
La enorme violencia que genera el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) está elevando el número de enfrentamientos y su crudeza. Ése es un hecho.
El desafío es enorme y hasta ahora inédito. Basta tener en cuenta el derribo del helicóptero el 1 de mayo para ir esbozando lo que está en juego.
En aquel atentado murieron oficiales de élite, soldados entrenados para misiones extremas. Un golpe seco y que se sentirá por algún tiempo.
Durante este año 46 elementos de las fuerzas de seguridad han muerto por ataques del CJNG. Ocho militares, siete policías federales y 31 agentes de la Fuerza Única de Jalisco.
El saldo es inquietante, sobre todo por lo que puede implicar en la moral de los servidores públicos, pero también en las tareas cotidianas que tienen que llevar a cabo.
Existe una clara intención, de parte de los delincuentes, de provocar a la autoridad, desatando zozobra y miedo en la sociedad. Se apuesta por la descomposición para intentar que las fuerzas policiales se replieguen. Es una situación que ya ocurrió en otras regiones del país y la única medicina es hacerle frente.
El trabajo de los policías, en esas condiciones, se complica, ya que tienen que contener a los criminales pero apegándose a reglas y protocolos sobre el uso de la fuerza y las armas.
Se requieren niveles de profesionalización cada día mejores, con observación estricta de los derechos humanos, pero también de un apoyo social claro y sin regateos.
Los países que han logrado superar las dificultades alimentadas por la violencia lo han hecho partiendo de una relación de confianza entre los ciudadanos y quienes tienen el deber de protegerlos.
Es tiempo de apoyar a los uniformados, de hacerles ver que su trabajo vale la pena y que inclusive es indispensable para mantener el orden y la gobernabilidad democrática.
Las corporaciones policiales y los marinos y soldados en tareas de seguridad pública son nuestra última frontera, el único dique con que contamos para detener a los criminales.
Se pueden plantear alternativas y propuestas, pero teniendo claro a quiénes asiste la razón y a quiénes no.
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