Mexicanos al grito de ¡sentenciados a muerte!

“Después de 21 años de esperar, la justicia finalmente llegó. Las palabras no alcanzan a describir el alivio que se siente al saber que hay verdadera paz, después de tanto dolor”…. escribió hace unos días la hermana de Mayra Azucena Laguna, la joven de 16 años presuntamente violada y asesinada en 1997 por Rubén Ramírez Cárdenas, el mexicano sentenciado a muerte y ejecutado el miércoles pasado en la prisión de Hunstville, Texas.

El caso cimbró a la opinión pública, no porque se creyera que Ramírez Cárdenas fuera inocente de tan atroces acusaciones, sino por las violaciones evidentes y groseras al proceso de un mexicano y una sentencia a muerte lenta y rabiosamente mediática.

Autoridades migratorias y organizaciones de derechos humanos agotaron recursos en el intento por detener lo que al final quedó más como un asesinato con dolo por parte de la justicia norteamericana, que como un acto en cumplimiento de la misma.

Hoy sabemos que Ramírez Cárdenas nunca fue informado al momento de su detención —en McAllen, Texas— que tenía derecho a recibir asesoría del personal del Consulado de México en aquella ciudad.

Estuvo sin defensa 11 días, durante los primeros interrogatorios que resultaron definitorios en su posterior condena a la pena máxima.

Cinco meses después de haber sido inculpado fue que el Consulado mexicano recibió notificación del caso, lo que representa una grave violación a la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, que como consecuencia dejó al mexicano esperando en un pasillo de celdas su muerte por 20 años.

¿Qué pasaría si un ciudadano estadounidense fuera condenado a muerte bajo estas mismas condiciones y supuestos en nuestro país?, ¿o en cualquier país del mundo? Sin duda las reacciones de Estados Unidos serían desmesuradas.

Pero cuando se trata de un mexicano en Texas, fácilmente el gobierno estadounidense, sus investigadores, su corte y sus jueces guardan el mismo silencio que hoy habrá en la tumba de Rubén Ramírez Cárdenas.

[caption id="attachment_661395" align="alignleft" width="289"] Rubén Ramírez Cárdenas, en imagen proporcionada por el Departamento de Justicia Criminal de Texas.[/caption]

Por eso a muchos mexicanos este hecho nos volvió a dejar con esa sensación de tener la dignidad pisoteada por el mismo que siempre resulta más fuerte, con su inglés intimidante, su justicia para pocos y nosotros como el sombrerudo arrinconado, sudando los 40 grados a la sombra de aquella parte inclemente de la frontera norte.

Y no se trata de defender la poco probable inocencia del acusado, sino el derecho a un juicio justo, con las mismas condiciones que un norteamericano en su caso y en su condado. Se trata de medir a los presuntos criminales con la misma vara.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió en tiempo y forma al gobierno de Donald Trump que respetara sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y exigió un debido proceso para Rubén Ramírez Cárdenas. Una llamada de atención que por cierto ya se había hecho años atrás.

En 2008 la misma Comisión advirtió que si el gobierno de Texas procedía con la ejecución, en virtud de las características del caso, estaría cometiendo una violación grave e irreparable del derecho fundamental a la vida, previsto en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

“Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

La respuesta llegó en agosto pasado, cuando el Departamento de Justicia Criminal del estado de Texas simplemente dio a conocer el método por el que se daría muerte al sentenciado guanajuatense: la inyección letal.

Es un hecho que en el mundo difícilmente habrá una justicia perfecta e infalible, y que en el caso de la medieval pena de muerte sólo aquellos que realmente la merezcan sean los que mueran. Por eso la pena máxima resulta tan obsoleta para el pensamiento civilizado, no sólo en términos de derechos humanos, sino por el puro sentido común con el que adivinamos la manera en que los restos de muchos quedarán enterrados en una fosa llena de inocencia.

De acuerdo a la Secretaria de Relaciones Exteriores hoy existen 75 mexicanos adscritos al Programa de Asistencia Jurídica en Casos de Pena Capital en Estados Unidos; mismos que podrían ser sentenciados a muerte de resultar culpables, sin poder revocar dicha pena.

Según el Death Penalty Information Center actualmente hay 55 mexicanos que ya están en la lista de espera para ser ejecutados. ¿Cuántos de ellos tendrán un proceso violado?…