Michoacán, la bolsa y la justicia

Pablo Hiriart

La fuerza del Estado no basta para Michoacán. Tienen que ir de la mano —como se planteó ayer en Morelia—, la bolsa del presupuesto y la voluntad de no sacar beneficios políticos de una situación caótica.

A fin de cuentas, panistas, priistas y perredistas tienen responsabilidad política del paulatino derrumbe de un estado extraordinario.

Ningún partido tiene autoridad moral para tirar la primera piedra.

Todos tienen en sus filas a personalidades responsables de la agonía de Michoacán. Lo mejor será, pues, que se unan para reconstruir.

Pero que no haya persecución política y abstenerse de partidizar la tarea, no puede traducirse en absolución.

La bolsa del Estado para el desarrollo de Michoacán y la voluntad política del gobierno para solucionar el conflicto y no enredarlo más, no eximen a la autoridad de cumplir su tarea y hacer justicia.

Los líderes de los cárteles deben ser detenidos y procesados conforme a la ley.

No puede haber borrón y cuenta nueva, porque ahí hay delitos de sangre cometidos por organizaciones criminales que no conocen de treguas políticas.

Ahí hay redes de protección entre la mafia y la clase política.

Y no debe haber tregua. Que ahora escondan la cabeza no quiere decir que depondrán su actitud delictiva. Están cercados. El gobierno debe culminar la tarea.

La estrategia presentada para Michoacán es cara —cuesta 45 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de ese estado—, pero más caro saldría dejar una entidad al garete, en poder de pandillas de narcotraficantes y extorsionadores.

Lo que presentó ayer el Presidente es un plan integral, completo, para el rescate de la paz e impulso al desarrollo.

Pero la otra pinza es imprescindible. Sin una limpia en la clase política de Michoacán, no habrá arreglo duradero.

Ninguna mafia estructurada como los Templarios, que se apropió de minas y de la operación del puerto de Lázaro Cárdenas, funciona sin la complicidad de al menos una parte del poder político.

Felipe Calderón quiso dar un golpe mortal a la narcopolítica michoacana y se martilló un dedo.

Golpeó mal, sin pruebas, para la foto y la televisión. O si había pruebas, éstas se extraviaron en los laberintos del Poder Judicial.

Todo se desvaneció al calor de las alianzas electorales que tejían el entonces partido gobernante con el PRD. El caso estuvo partidizado de principio a fin.

El Michoacanazo acabó en un fiasco, y sirvió para vacunar a todos los políticos de esa entidad contra la acción de la justicia.

Eso es lo que no debe repetirse: el fracaso de las operaciones judiciales por condicionamientos políticos.

Muy bien: la bolsa y la voluntad política del Gobierno Federal para rescatar a Michoacán.

Pero desarticular las redes de poder de los Templarios, implica, necesariamente, castigar a funcionarios o ex funcionarios cómplices.

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Twitter: @PabloHiriart