Odebrecht, gobierno y elecciones en Latinoamérica: los casos de Brasil y Perú

En los últimos días, las repercusiones del caso Odebrecht cimbraron dos países de América Latina. El 21 de marzo, Pedro Pablo Kuczynski, ante una inminente derrota en un pedido de destitución, prefirió renunciar a la presidencia de Perú. Y apenas el pasado jueves 5 de abril, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, en una votación cerrada (6 contra 5) rechazó el último recurso para evitar el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se entregó el sábado a la policía, para cumplir una condena de más de doce años de prisión. Algunos comentarios al respecto.

Kuczynski, crónica de una caída anunciada. Menos de dos años duró en la presidencia peruana el empresario conocido como PPK. En la segunda vuelta electoral de las últimas elecciones presidenciales, su partido, denominado en una muestra de culto personalista “Peruanos Por el Kambio” (sus siglas, claro, PPK) apenas logró imponerse a Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, por un estrechísimo margen de 50.12% contra 49.88%. Adicionalmente, su escudo legislativo de apoyos apenas rebasó el 21%, frente al 49% del fujimorismo. La debilidad del gobierno fue latente desde su instalación. Bajo sospecha de favorecer con contratos al gigante corrupto de la construcción Odebrecht, en diciembre pasado Kuczynski estuvo a punto de perder un juicio político para ser destituido, pero recibió de sus opositores un tanque de oxígeno para pasar el invierno, a un costo altísimo: liberar de prisión a Alberto Fujimori. Ante la difusión de videos de los que se desprende la compra de votos de legisladores para evitar un segundo pedido de remoción a cambio de contratos de obras públicas, Kuczynski decidió renunciar. Se convirtió, así, en el primer presidente latinoamericano en funciones que cae por el caso Odebrecht.

La caída del mayor referente de la izquierda latinoamericana. Como se sabe, Lula enfrenta una serie de acusaciones vinculadas con el desvío de recursos de la mega causa denominada como Lava Jato. De manera genérica, enfrenta acusaciones de corrupción, obstrucción de la justicia y lavado de activos. Específicamente, los tentáculos de Odebrecht se muestran en el tráfico de influencias por el que el banco de obras brasileño (BNDES) facilitó que esa tenebrosa empresa consiguiera contratos en Angola, así como la recepción de sobornos para la compra de un terreno para edificar la fundación Lula y la reforma del Sitio de Atibaia (un inmueble en Sao Paulo).

A pesar de ello, el que ya fue dos veces presidente de Brasil seguía siendo el político con mayores intenciones de voto, en busca de un tercer periodo de gobierno, de cara a las elecciones de octubre de 2018. Lo curioso del asunto es que el PT podría —como todo parece indicar— seguir haciendo campaña por Lula con él en prisión y hasta que se formalicen las candidaturas en agosto, dado que en esa fecha se definen, y la ley electoral ciertamente prohíbe el registro de convictos, quienes (igual que en la legislación mexicana) no gozan del derecho político a presentarse para contender por cargos de elección popular. Entonces se verá si el PT presenta otro candidato propio o se suma a alguna coalición afín de partidos de izquierda.

Y mientras tanto, en México… Mientras que en algunos países se destituyen presidentes y se impide que candidatos corruptos se postulen a elecciones, hay otro en el que quienes se supone que están encargados de la procuración de justicia prefieren no perturbar a funcionarios o a ex funcionarios ni con el pétalo de una declaración, y también en ese mismo país un tribunal ordena otorgarle registro a un candidato independiente que hizo trampa en el proceso para reunir apoyos ciudadanos. Ay, pena, penita, pena. Pero de eso escribiré la siguiente semana