Olor a sangre

Bertrand de la Grange

De la lectura de la prensa, tanto española como extranjera, nadie podría pensar que el Gobierno conservador de Mariano Rajoy pueda sobrevivir a las acusaciones de corrupción del llamado caso Bárcenas. Y sin embargo, las denuncias presentadas contra el primer ministro parecen tan creíbles como los falsos testimonios que provocaron el encarcelamiento durante meses de varios generales en México por su supuesta colaboración con el narcotráfico.

Luis Bárcenas, el hombre que ha desatado el escándalo, gestionó durante dos décadas las cuentas del Partido Popular (PP, en el poder). Al verse imputado en un caso de corrupción, la trama Gürtel, el ex tesorero amenazó con revelar los detalles de la supuesta financiación ilegal de su partido si el Gobierno no le garantizaba su exculpación. Su petición no fue atendida, y un tribunal lo mandó a la cárcel hace poco más de dos semanas. Bárcenas se ha vengado con una larga declaración ante el juez.

Revela los nombres de los grandes empresarios que hicieron donaciones en efectivo al PP para financiar las campañas electorales o pagar sobresueldos a los altos cargos del partido.

El ex tesorero asegura que entregó al propio Rajoy varios pagos por un total de 45,000 euros (un poco menos de 60,000 dólares) entre 2009 y 2010. El presidente del Gobierno lo ha desmentido tajantemente. Otra supuesta beneficiaria, la ex ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio, ha presentado una querella contra Bárcenas por injurias. En cambio, dos dirigentes del PP han reconocido que habían recibido apoyos financieros para resolver problemas puntuales. En ningún caso, han dicho, fuera de la legalidad.

La declaración de Bárcenas sobre la existencia de una contabilidad paralela en el partido está plagada de contradicciones y de incoherencias, como esas anotaciones en euros para los años 2000 y 2001, cuando en realidad sólo la peseta estaba vigente en España (el euro empezó a circular en 2002). Este pequeño error confirmaría las sospechas de que el ex tesorero confeccionó esos documentos recientemente para chantajear al Gobierno.

Según el ex tesorero, los ingresos opacos del PP sumarían 8.3 millones de euros (unos 11 millones de dólares) entre 1990 y 2008. En esos mismos veinte años, Bárcenas acumuló una fortuna personal, hasta ahora inexplicada, de casi 50 millones de euros en varias cuentas secretas en Suiza. ¿Estafó al PP y se quedó con la mayor parte de las donaciones de los empresarios? Es improbable que el partido intente recobrar ese dinero si proviene de pagos ilegales de las grandes constructoras a cambio de contratos de obra pública.

El caso Bárcenas ha puesto sobre la mesa el problema hiriente de la financiación de los partidos en la democracia española. Además de las subvenciones estatales —el PP acaba de cobrar 13.2 millones de euros para el primer semestre de 2013— las organizaciones políticas pueden recibir donaciones privadas hasta un tope de 60,000 euros, pero es bien sabido que algunos poderosos patrocinadores fraccionan sus pagos en varios desembolsos dentro del límite legal. Y sobre todo, la corrupción es una inagotable fuente de financiación para todos los partidos, menos los recién creados como UPyD (Unión, Progreso y Democracia, de centro izquierda).

Los alcaldes financian en muchos casos sus presupuestos con las comisiones pagadas por los promotores inmobiliarios a cambio de recalificaciones de terrenos o permisos de construcción (la crisis ha acabado con ese negocio por el momento). ¡Y qué decir del llamado escándalo de los ERE (expedientes de regulación de empleo) en Andalucía!: unos 800 millones de euros destinados a apoyar los desempleados han ido a parar a manos de cientos de amigos del Gobierno socialista de la comunidad autónoma.

Para tapar sus propias vergüenzas, los partidos denuncian la corrupción del otro. La oposición no iba a desaprovechar el caso Bárcenas. El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez-Rubalcaba, vio la oportunidad para intentar salvar su liderazgo, muy cuestionado desde su derrota en las elecciones de noviembre de 2011, ganadas con mayoría absoluta por el PP y Rajoy. Rubalcaba se ha lanzado a degüello contra el jefe del Gobierno y ha pedido su dimisión.

Lo curioso en esa ofensiva contra Rajoy es que se hayan juntado los dos mayores periódicos de España, El Mundo y El País, que llevaban hasta ahora una competencia feroz. A ellos se han agregado un sector del PP que reprocha al primer ministro de haber traicionado el programa del partido con su decisión de subir los impuestos. Todos están empeñados en promover tras bambalinas el reemplazo de Rajoy por su vice-presidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que no parece dispuesta a aceptar ese regalo envenenado. Sería el peor momento para un cambio de ese calado —España empieza a salir de la recesión— y sería también una manera de dar credibilidad política a las acusaciones de Bárcenas.

bdgmr@yahoo.com