Porque quieren y porque pueden

Otto Granados

Hasta ahora, el aspecto más visible de los delitos presuntamente cometidos por los ex gobernadores de Tabasco y de Aguascalientes y sus colaboradores o familiares, ha sido la escandalosa acumulación de bienes y dinero gracias al abuso de sus cargos.

Pero éste es sólo el tramo final de un síndrome normativo, institucional y cultural que no sólo no ha evitado los actos de corrupción sino que, en muchos casos, ha creado incentivos para cometerlos. Dicho de otra forma: ¿por qué se corrompieron? Porque quisieron y porque pudieron hacerlo.

El primer síntoma es un mal diseño de la forma como se estructuran los presupuestos y el gasto público local. No existe, por ejemplo, un evaluación previa que filtre oportunamente los renglones a los que se destina el dinero público no etiquetado y, acto seguido, suele ir a parar a las ocurrencias de las autoridades en materia, digamos, de infraestructura, que es donde hay un amplio espacio para la opacidad o bien se gasta conforme a criterios de negociación política con diversos actores y sectores.

Por ende, la fiscalización que ejercen los órganos estatales correspondientes es frecuentemente, desde el punto de vista técnico y contable, una broma, en el mejor de los supuestos, que conduce, a su vez, a una revisión superficial, amañada o tramposa de las cuentas públicas por parte de los diputados locales y a una declaratoria que puntualiza irregularidades y observaciones pero que, aun así, termina por cohonestarlas.

Así pasó en el caso de Aguascalientes donde en una sola sesión, en julio de 2010, poco más de la mitad de los legisladores denunció en tribuna al gobernador pero le aprobaron cuatro o cinco cuentas.

Finalmente, es legendaria la sentencia de Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si no funciona la división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a fin de que entre los tres opere un sistema de pesos y contrapesos, de balance y equilibrio, y si los congresos locales, los medios, los organismos sociales o las cámaras empresariales renuncian a ejercer ese papel, entonces se abre la puerta a los abusos, excesos y corrupciones.

Que los gobiernos estatales encabezados por quienes ahora están en problemas hayan incurrido en tales irregularidades, fue desde luego la consecuencia de una ambición enfermiza e incontrolable, pero fue también producto de que esas autoridades operaron prácticamente sin contrapesos que los limitaran o, al menos, que los sancionaran no sólo legalmente sino que ejercieran una sanción moral y política.

La moraleja es muy directa: ¿por qué algunos cometen tales barbaridades y corruptelas desde los cargos públicos? Porque pueden, porque quieren.

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