¿Quedar como el cohetero?
Pues sí, aquí parece que si queda bien le chiflan… y si no, pues también. Decisiones acertadas, tardías, que supondrían el beneficio de los más, a los cuales se oponen los menos. Políticas que llegan cuando aquel apenas respira en el pozo.
Pero respira, al menos habrá que decirlo.
Se trata de un negocio millonario. Cientos de millones de dólares que anualmente se mueven en el servicio de transporte público y privado en Cancún, el principal destino turístico del país. Una bolsa multimillonaria que hasta hace poco tiempo era propiedad de un sindicato de taxistas y un puñado de particulares. Uno al que hace poco más de un año se sumó un jugador extra: Uber. Una acción que ha provocado serios conflictos, dos muertos –en accidentes provocados en las cacerías que emprenden los taxistas contra los vehículos de Uber- y ha puesto en riesgo la estabilidad de la joya de la corona de una industria que genera el 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
La semana anterior, de manera sorprendente, las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y PRI –que durante décadas tuvo una relación estrechísima con los sindicatos de taxistas- en el Congreso de Quintana Roo presentaron una iniciativa de ley que reglamentaría el servicio de transporte en la entidad y legalizaría el servicio que la plataforma Uber –u otras- brinda en ese estado. Una iniciativa que fue bien recibida por la sociedad, pero que generó la furia del gremio taxista que ha amenazado incluso con un "estallido social" si ésta se aprueba. Y también, sorpresivamente, el rechazo de la empresa Uber, que se pensaría, mostraría su aceptación.
Lo que no fue.
La empresa Uber advirtió que de ser aprobada la Ley de Movilidad en sus términos actuales, deberá suspender sus operaciones en Quintana Roo, a pesar de su detonante turístico, pues limita de forma perjudicial a sus socios operadores en su trabajo, al restringir el servicio a automóviles muy nuevos y de alto valor, y al prohibir el pago en efectivo.
A través de un comunicado, la plataforma digital de transporte explicó que con las restricciones contempladas en la iniciativa de ley, en cuanto a la antigüedad y valor del vehículo, se restringiría al 83% de los socios actuales, al igual que lo hace el límite impuesto de un máximo de dos conductores por unidad.
También se señala que al prohibir el pago en efectivo, se excluye al 56% de la población en México que no cuenta con una cuenta bancaria, quienes quedan vedados a usar este transporte, sin existir razón justificable.
Hasta ahí la información.
El rechazo de los sindicatos de taxistas era esperado. Se abre a la competencia un millonario mercado que lo integran millones de turistas que anualmente visitan ese destino. Hasta ahora, este gremio se consideraba a sí mismo como el "propietario" único de la facultad de brindar el servicio de transporte. Su cercanía por décadas con el poder político los facultaba; sin embargo, fue evidente cómo en la última elección en ese estado, en la que el PRI perdió la gubernatura por vez primera, que éstos no apoyaron a ese partido. Hoy, amenazan al gobernador emanado de la alianza entre el PRD y PAN, Carlos Joaquín, si la ley se aprueba. Eso, lo obvio de un sindicato más parecido a la mafia que a una organización social. Uber, sin embargo, no puede esperar que se abra el mercado sin regulación alguna. No puede esperar que no se legisle en beneficio de los consumidores. Ahí sus argumentos. Sin embargo no se esperaba que amenazara incluso con abandonar ese destino si no se hacía una ley que a ellos les satisfaga.