Secuestro y sistema oral

Angélica Ortiz Dorantes

En el estado de Morelos es en donde más secuestros se cometen en todo el mundo. Ya se sabe que este delito es uno de los más aborrecibles, pues la víctima se encuentra a merced de su victimario quien, al impedirle su derecho de movimiento, la humilla y la tortura psicológicamente; además, muchas veces la lastima también físicamente. Combatir el secuestro es una prioridad para restablecer el orden público y hacer valer el estado de Derecho.

Ningún gobierno funciona verdaderamente si sus ciudadanos no pueden ejercer su derecho de movimiento. Hace unos días —el 28 de enero último— se hizo público, a través del Diario Oficial de la Federación, que corresponderá a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro, dirigir las acciones para prevenir, sancionar y abatir el delito de secuestro. No podemos sino desear que todas las acciones de la coordinación tengan el éxito que se necesita, para combatir este delito.

El hecho de que Morelos encabece la lista de secuestros me ha puesto a pensar en qué clase de justicia penal impera en esa entidad. Desde hace varios años, este estado estableció el sistema de juicios orales; sí, el llamado sistema adversarial se implementó en esa entidad, y hay que ver la forma en que esto se hizo, porque eso nos puede dar un elemento para el análisis de lo que está ocurriendo.

Como se sabe, en dos mil ocho, mediante una reforma constitucional se modificó el derecho procesal penal para introducir el llamado “juicio oral”. Los autores de la reforma afirmaron que México obtendría incontables beneficios de la misma. Entre ellos, se acabaría la impunidad.

La reforma, para hacer llover sus beneficios sobre nosotros, requería un paso más: era necesario que los estados reformaran sus códigos de procedimientos penales, para adecuarlos a las nuevas normas constitucionales. Uno de los primeros estados en adecuar su legislación fue Morelos. Luego entonces, es en esa entidad donde primero deberíamos constatar las bondades del juicio oral. Pero Morelos es uno de los estados más inseguros de la república y ostenta el campeonato mundial del secuestro. ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicar esta paradoja? Adelanto una explicación: los juicios orales son tan caros, tan costosos, que es imposible que se lleven a cabo. Quienes trajeron esta novedad a nuestro país sabían que el juicio oral era una excepción que se aplicaría tan sólo en el cinco por ciento de los procesos; el resto, se irá a procedimiento abreviado.

En el procedimiento abreviado, el Ministerio Público logra que el imputado se declare culpable, con lo cual el juicio ya no es necesario. ¿Cómo logra esto el Ministerio Público? Al imputado se le ofrece una zanahoria y se le amenaza con un garrote. La zanahoria consiste en que el acusado acepte su participación en el hecho a cambio de lo cual se le impone una pena ridícula —la tercera parte de la mínima que prevé el delito—, y esto tiene como resultado la inmediata libertad del acusado. El garrote consiste en que si el acusado tiene la insolencia de pretender que es inocente, entonces el Ministerio Público puede cambiar la acusación por otra más grave.

Además, esta facultad omnímoda del Ministerio Público no tiene que fundarse ni motivarse, y no está sujeta a recurso alguno. Así, se le entrega al Ministerio Público el dominio total del proceso y se nulifica al Juez, a quien le priva de la función de individualizar la pena. El procesado, ante la amenaza de una acusación más grave, acepta declararse culpable, aun si es inocente. Para el culpable es el negocio de su vida porque puede convenir con el Ministerio Público la imposición de una pena ridícula. ¿Qué hará un secuestrador que ha negociado con el Ministerio Público una sanción que le permitirá obtener su libertad de inmediato? La respuesta no requiere de gran imaginación: volver a secuestrar y, en caso de ser atrapado, volver con su socio el Ministerio Público para que, a cambio de una cantidad de dinero, se le imponga la pena mínima que le permita seguir con su jugoso negocio.

Se ha encargado a Renato Sales Heredia la coordinación antisecuestro. Enhorabuena porque este abogado es capaz, honrado y ha demostrado estar verdaderamente al servicio de la sociedad. Pero Renato, con todos sus talentos, no podrá solo. Necesita un sistema adecuado de justicia que lo respalde. No debemos condenar a nuestro coordinador a vivir el drama de Penélope: mientras él pone todo su esfuerzo en detener a los secuestradores, el Ministerio Público negocia con ellos una pena mínima que les permite obtener su libertad y seguir secuestrando.

angelicaortiz@vomabogadospenalistas.com