Soberbia letal
César Castruita
Lo peor de los recientes tropezones de algunos funcionarios públicos es que su separación del piso les impide reconocer su equivocación y, al contrario, se sienten incomprendidos y victimizados por quienes ellos consideran que sí están errados.
Si bien no es justificable el ya cotidiano espionaje telefónico ilegal, no se pueden pasar por alto las expresiones discriminatorias e intolerantes del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
Aunque Córdova ha tratado de minimizar el hecho por ser una conversación privada y haya ofrecido una “disculpa franca a quienes se hayan sentido ofendidos”, han surgido cuestionamientos sobre la transparencia, la equidad y legalidad del proceso electoral más complejo que vive México.
El lengüetazo del titular del INE resultó autodestructivo con impacto expansivo, pero lamentable y tristemente representativo del siempre negado racismo de México.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred), en México ocho de cada diez mexicanas y mexicanos manifiestan que no han sido respetados sus derechos por motivo de sus costumbres o su cultura, por su acento al hablar, por su color de piel, por provenir de otro lugar, por su educación, por su religión o por su forma de vestir.
Denuncia formal. La periodista veracruzana Claudia Guerrero Martínez interpuso en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), la denuncia número AP/PGR7VER/XAL/III/125/2015 en contra del ex titular de la Secretaría de Salud de Veracruz (Sesver) y actual secretario técnico del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Juan Antonio Nemi Dib, por los probables delitos de desvíos de recursos, pagos a empresas fantasmas y otorgamiento de contratos de medicinas a precios más caros de lo normal, además de violentar el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Guerrero Martínez está presentando pruebas documentadas de contratos oficiales de la compra de medicinas y equipo para hospitales en Veracruz, con inventario y precios alterados, en presunto beneficio de determinadas empresas.
Derroche cibernético. La contienda electoral por la presidencia municipal de Guadalajara no podía estar exenta de guerra sucia. Ha trascendido que el candidato por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, podría haber invertido unos 368 mil dólares en promoción a su perfil de Facebook y monitoreo de redes sociales, lo que evidentemente sería un exceso e incumplimiento a la ley. De ser cierto, el aspirante tendría que explicar de dónde salió el dinero.
Inversión portuaria. La operadora de puertos Hutchison Port Holdings (HPH), que preside en México Jorge Lecona, destinó más de diez millones de dólares en la compra de equipo de alta tecnología para fortalecer la terminal de Ensenada, que se benefició por un convenio con Samsung, que encabeza Boo-Keun Yoon, para transportar más de 17 millones de televisiones cada año.
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