Tolerando lo intolerable
El martes pasado se instaló la nueva Asamblea Nacional en Venezuela, con una mayoría opositora que dobla la cantidad de escaños del oficialismo. Tal y como se esperaba no todos los 112 diputados de oposición pudieron verificar su elección y su asiento en el parlamento, ya que el Tribunal Supremo, controlado por el gobierno, ha impugnado tres curules, con lo que la mayoría opositora deja de ser calificada.
A pesar de que las facultades de la oposición en la Asamblea podrían ser menores de lo esperado, el gobierno de Nicolás Maduro ha mostrado su acendrado malestar con la división de poderes. La facción oficialista, autodenominada “banca de la Patria”, asistió al acto de instalación en una actitud beligerante y a mediados de la jornada intentó impedir la intervención del líder opositor Julio Borges, para luego retirarse del foro, argumentando violación del reglamento.
No escucharon los oficialistas a Borges, quien trazó las líneas fundamentales de la agenda legislativa de la oposición, ni propusieron las suyas ante el pleno, pudiendo hacerlo. Tampoco escucharon al presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, quien sostuvo que la mayoría opositora del nuevo parlamento intentará lograr tres objetivos: recuperar la autonomía del poder legislativo, promover una ley de amnistía y reconciliación y encontrar vías constitucionales y democráticas para la “cesación del gobierno” en los próximos seis meses.
El régimen no clausura el parlamento, lo tolera, pero también acota sus facultades por medio de la impugnación judicial de diputados electos y pide a sus partidarios volcarse a favor de un congreso popular alternativo. Contra el gobierno representativo legítimo, establecido en la propia Constitución de 1999, vuelve a agitar la fantasía de una democracia directa, apropiándose de la voluntad popular. No importa que esa voluntad se haya expresado mayoritariamente a favor de la oposición en las últimas elecciones.
Tolerar lo intolerable significa que, además de reducir sus facultades como mayoría no calificada, la oposición será sometida a un permanente boicot de su trabajo legislativo. Un boicot que comienza por el lenguaje de la descalificación y el escarnio que caracteriza al chavismo. Los diputados oficialistas lo reiteraron en la primera sesión: los opositores no son tales, son agentes del imperialismo yanqui que buscan acabar con la nación venezolana. Compartir la labor legislativa sería, según Diosdado Cabello, “cohonestar” a una derecha golpista.
Como en Cuba, la deliberación cívica y el debate parlamentario franco son, para el chavismo, rezagos de la democracia que “la Revolución Bolivariana” superó. Una Asamblea Nacional de mayoría opositora puede servir para alertar al mundo de que Venezuela no es una dictadura, pero también para aislar la política autoritaria del chavismo de la labor legislativa de la oposición. Sobre todo si se confirma que no habrá mayoría calificada, el sistema político venezolano puede acomodarse a esa dualidad en los próximos años.
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