Un año movido

Otto Granados

Si toda política es economía concentrada, el resto del año puede ser uno de los más complejos y, al mismo tiempo, cambiantes para México.

Por un lado, los resultados de las 14 elecciones estatales de julio (más una en un distrito de Sonora) pondrán a prueba la capacidad de los partidos para mantener aisladas sus diferencias internas de la agenda trazada en el Pacto por México. Pero, por otro, las reformas fiscal y energética someterán a las propias formaciones a una especie de prueba de estrés para saber qué tan capaces son de romper paradigmas históricos y culturales en dos de las áreas más sensibles: la naturaleza de la tradición nacionalista mexicana y la voluntad de tomar decisiones impopulares.

Cualquiera que sea el racional que se argumente en ambas reformas y el desenlace que tengan, no deberá omitir lo que hoy sucede en el mundo y el lugar que México ocupa en él.

Vistas en conjunto, las cifras son reveladoras. México ocupa el 11º lugar mundial por el tamaño de su población; el 14º por territorio; es la 14ª economía mundial, 18º por su comercio exterior y por el monto de inversión extranjera directa que recibe, entre otros indicadores.

Pero sus tasas de crecimiento siguen siendo notablemente bajas por diversas causas, y en un momento en que se está reconfigurando la arquitectura económica internacional con nuevos mecanismos como la Alianza del Pacífico, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica o los acercamientos de Estados Unidos y la Unión Europea para avanzar en áreas de libre comercio, se ve muy difícil que México logre insertarse eficientemente en ellos sin hacer las reformas clave que le permitan crecer de manera elevada y sostenida y aumentar sus niveles de competitividad y apertura.

La reforma fiscal, en ese sentido, puede servir eventualmente para incrementar la inversión en los sectores que impacten positivamente sobre la productividad, como educación, I+D+i o infraestructura, y la energética deberá funcionar para aligerar a la empresa de una carga fiscal (y de otras de tipo corporativo y laboral) que le impiden operar como una entidad moderna en un mundo que parece estar empezando a vivir una nueva transición energética y cuyo desarrollo requiere con urgencia mucho mayor innovación tecnológica e inversión pública y privada.

Por tanto, los términos de la discusión en esta coyuntura no merecen reducirse a los criterios históricos o sociales convencionales sino que deben ser situados, y esa es una responsabilidad compartida de quienes forman opinión, en una perspectiva económica amplia, un enfoque estratégico de largo plazo y un alcance global.

De otra forma, se corre el riesgo de que si no hay claridad conceptual desde el principio entonces los aspectos específicos, tanto técnicos como constitucionales y legales, se estanquen en el procedimiento y no en los logros que ambas reformas pretenden producir.

Sería, en ese caso, una oportunidad gravemente perdida.

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