Victimización en México

Luis Raúl González Pérez

Hace unos días el Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que contiene datos importantes sobre la incidencia delictiva, la impunidad y el número de víctimas en nuestro país.

De acuerdo con ese estudio, se estima que el 33.9% de los hogares en México tuvo al menos una víctima de delito durante 2013. En ese mismo año existieron 22.5 millones de víctimas mayores de 18 años, lo que representó una tasa de 28,2 personas por cada cien mil habitantes, superior a la registrada en años previos. Menciona además que durante 2013 se cometieron 33.1 millones de delitos, asociados a 22.5 millones de personas, lo que representa una tasa de 1.5 delitos por víctima.

Con relación al delito de secuestro, la Encuesta señala que durante 2013 se cometieron 131,946 de estos delitos, lo que da cuenta de la afectación de miles de familias que sufren las secuelas de esos hechos. En cuanto a esta cifra, el estudio establece que en 2013 se denunciaron el 9.9% de los delitos, de los cuales el 62.7% derivó en el inicio de una averiguación previa del Ministerio Público. Esto quiere decir que del total de delitos sólo se inició averiguación previa en el 6.2%, por lo que en el restante 93.8% no hubo denuncia o la misma no implico investigación alguna.

Entre las razones para no denunciar, los encuestados mencionaron la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad como los principales motivos.

Respecto a las preocupaciones más apremiantes de la ciudadanía, las cuestiones más mencionadas fueron la inseguridad, el desempleo, el aumento de precios, la pobreza y la corrupción, entre otras cuestiones.

Con relación al desempeño de las autoridades encargadas de la seguridad pública, las que tuvieron un menor nivel de confianza fueron la policía de tránsito, la policía preventiva municipal, los agentes de ministerio público, las procuradurías estatales y la policía ministerial o judicial.

La situación descrita en la Encuesta resulta preocupante por distintas cuestiones, entre las que destacan el gran número de víctimas, la cifra negra de delitos y la desconfianza en las autoridades más cercanas a la vida cotidiana de todos los ciudadanos.

Por todo ello debemos insistir en que el tránsito hacia una sociedad de derechos pasa necesariamente por el combate a la impunidad, abatir la corrupción y mejorar el desempeño de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de procuración de justicia, y en la atención adecuada de los miles de víctimas que día a día sufren las consecuencias de la delincuencia.

Mientras eso no suceda, la protección de los derechos humanos, si bien normativamente está reconocida, la realidad será diferente en nuestro país y la impunidad continuará generando un clima de violencia con los riesgos que implica a la estabilidad y a la vida democrática de México.

lraul.gonzalezperez@3.80.3.65