Violar la ley fuera de tu país

Cuando se habla de violentar la ley, una de las variables a considerar es el tipo de instituciones con las que las personas conviven. Cuando las instituciones son fuertes y confiables, cualquier idea del rompimiento de la ley como una cuestión cultural parece desvanecerse.

A pesar de que Latinoamérica, y en especial México, son tierras de impunidad y con pobres Estados de derecho, cuando nuestros connacionales llegan a Estados Unidos suelen comportarse de un modo diferente. De hecho, contrario al discurso de Trump, las evidencias muestran que los latinos tienen una tasa de criminalidad inferior a la de los habitantes estadounidenses. Las aguas del Río Bravo no poseen ninguna propiedad mágica que transforme a quienes lo cruzan, sino que son las instituciones ante las que debe responder un probable infractor, las que pueden disuadirlo o no de comportarse como lo haría en su país.

Sin embargo, parece que la cuestión es diferente cuando no se trata de ciudadanos “de a pie”, sino de servidores públicos o personas con una posición privilegiada. En estos casos, pareciera que el halo de impunidad que existe en sus países de origen, se traslada con ellos al saberse a cubierto por otras instituciones. Por ejemplo, antes todos los diplomáticos, staff y familiares agregados a las oficinas de Naciones Unidas en Nueva York, gozaban de inmunidad en la aplicación del reglamento de tránsito. Después de 2002 se modificó esta restricción y comenzaron a levantarse infracciones. Una investigación académica posterior aprovechó este experimento natural y descubrió que el orden de las nacionalidades más multadas, correspondía con el orden de los países en los índices internacionales de corrupción. Con o sin inmunidad, quienes provenían de países con instituciones más sólidas, no violaban la ley y viceversa.

El uso de recursos públicos fuera de las fronteras de un país parece seguir las líneas de este ejemplo. Tal como en las multas, en donde se acostumbra violar la ley, pareciera que sus funcionarios en el extranjero siguen este patrón en el uso de recursos. Al menos en el caso mexicano parece que estamos ante la presencia de este fenómeno.

Todo esto surge de la publicación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de un Informe Especial en el que revisó el uso de los recursos por parte de los consulados y la embajada mexicana en Estados Unidos. Esta intervención surgió porque Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad denunció hace un año la existencia de irregularidades, en particular, el otorgamiento y falta de acreditación de gastos a la marca Juntos Podemos, presidida por la excandidata panista, Josefina Vázquez Mota. La implicada siempre lo negó. Hoy la ASF confirma esta entrega de recursos por parte de los consulados y, además, señala daños millonarios, al menos por 39 millones de pesos. Dinero destinado al apoyo de nuestros conciudadanos en EU terminó siendo otorgado discrecionalmente y usado de manera irregular, por lo que nunca llegó a ellos. Vicios de nuestras instituciones parecen no conocer de fronteras y saltar a otros lugares, llevando consigo sus consecuencias negativas.