Un mes antes de que un colectivo encontrara restos humanos y decenas de zapatos y objetos personales en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) documentó un sinfín de omisiones de diversas autoridades pero en especial de la Fiscalía estatal respecto a la investigación de desapariciones realizada a lo largo de todo el sexenio anterior.
En una “recomendación concentradora” emitida el 4 de febrero de este año, el organismo narró con detalles las acciones e irregularidades detectadas en las investigaciones relacionadas con 55 víctimas de desaparición forzada, de las cuales 48 siguen sin ser localizadas y siete fueron halladas sin vida.
En todos los casos, el común denominador fue que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE-Jalisco) prácticamente puso escaso o a veces nulo interés por investigar los motivos de la desaparición de las víctimas, al grado de que en la mayoría de las denuncias ni siquiera se revisaron los celulares y no se realizaron inspecciones oportunas en los lugares de la desaparición.
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- El Dato: El pasado 12 de marzo, la ombusperson de Jalisco, Luz del Carmen Godínez, informó que la CEDHJ inició una investigación sobre el caso Teuchitlán.
En la recomendación 01/2025, la Comisión indicó que en las 50 denuncias estudiadas —con 55 víctimas en total— “las investigaciones no se ciñeron a los principios de efectividad, exhaustividad, debida diligencia, inmediatez y eficacia. Las acciones para la búsqueda y localización no fueron inmediatas, oportunas, transparentes, útiles y con un rigor científico y no se realizó la búsqueda individualizada eficaz por parte de la autoridad”, entre otras muchas omisiones.
En el documento de 180 cuartillas se señala que en varias de las investigaciones analizadas “se advirtió desfasado el desahogo de las diligencias realizadas en el lugar de los hechos; en la mayoría de los casos transcurrieron semanas o meses para llevarlas a cabo, lo que implica que no se recolecten evidencias o no se recaben testimonios de personas que hayan presenciado los hechos”.
Un mes después, esta omisión se hizo evidente en el rancho Izaguirre ubicado en el municipio de Teuchitlán, en donde el pasado 5 de marzo integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron un sinfín de evidencias dediversos delitos, que la Fiscalía estatal no había resguardado ni revisado.
Uno de los 55 casos de personas desaparecidas contenidos en estas denuncias es el de Omar Israel Guzmán Torres, quien fue levantado el 15 de agosto de 2020 por hombres armados en la colonia Jauja del municipio de Tonalá.
Su hermana denunció que ese día llegaron en una camioneta de doble cabina de color negra entre 15 y 20 hombres vestidos de negro y con armas largas, los cuales ingresaron a su domicilio y se llevaron a la víctima.
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Tras revisar el expediente, la CEDHJ determinó que las acciones para su búsqueda no fueron inmediatas ni transparentes y no se hicieron con rigor científico; no se aplicó el protocolo homologado de investigación, no se realizó una búsqueda individualizada eficaz, no se recabó información de su celular ni de videograbaciones y no se dictaron medidas de protección a las víctimas indirectas.
Otro ejemplo es el de Jesús Alberto Chávez Garavito, quien desapareció en la colonia Las Agujas, de Zapopan, el 30 de enero de 2021, cuando fue levantado por sujetos armados quienes, según su esposa, en realidad eran elementos de la Policía Municipal.
Además de presentarse prácticamente las mismas irregularidades que con Omar Israel Guzmán, hubo omisiones especificas de servidores públicos de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, entre ellas el no haber realizado investigaciones en otros estados ni a nivel nacional.
Además, quienes estuvieron a cargo de la indagatoria no solicitaron el acceso a cuentas de correo electrónico y redes sociales de la persona desaparecida y las actuaciones ministeriales correspondientes no se realizaron en tiempo y forma.
En este caso, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco también incurrió en omisiones, ya que, si bien se abrió el expediente interno el 31 de enero de 2021, se le dio seguimiento al mismo hasta el 22 de septiembre de 2022, un año y medio después.
La recomendación de la Comisión de Derechos Humanos local también acusa “falta de certeza sobre la continuación de investigaciones por el delito de homicidio para el caso de aquellas personas que fueron localizadas sin vida”.
Aunque la mayor parte de las omisiones son atribuibles a la FGE-Jalisco, la CEDHJ también menciona como autoridades responsables al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco y la Comisión de Búsqueda de Personas de la entidad.
El organismo señaló que en general se violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la verdad.
En tanto, estudiantes y familiares de desaparecidos realizaron ayer una marcha de Plaza Universidad hacia el centro de Guadalajara, para exigir una respuesta de las autoridades ante lo que calificaron como “crisis de desaparecidos”.
Al llegar a su destino, algunos manifestantes colgaron de la fachada del Palacio de Gobierno dos lonas, una con la leyenda “Fue el Estado” y otra en la que se podía leer “Dónde están”, además de una bolsa negra que simulaba un cuerpo.
